Universidades privadas en alerta por nuevo impuesto al patrimonio del Gobierno
Al menos un centenar de universidades privadas en Colombia podrían enfrentar serias afectaciones financieras debido al Decreto 0173 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional estableció un nuevo impuesto al patrimonio. Esta medida se enmarca dentro de la emergencia económica declarada por los recientes desastres climáticos que han azotado al país.
Impacto presupuestal inesperado
La noticia ha tomado por sorpresa a las instituciones de educación superior, las cuales ahora deben replantear completamente sus presupuestos para el presente año. "No somos empresas ni generamos utilidades como tales", afirma con preocupación Harold Castilla, rector de la Universidad Minuto de Dios y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).
Castilla explica que las universidades privadas tienen una naturaleza educativa y social, distinta a la de las corporaciones con fines de lucro. El impuesto al patrimonio, según su perspectiva, podría desviar recursos esenciales destinados a la investigación, la infraestructura académica y los programas de becas estudiantiles.
Reacciones y ajustes institucionales
Con la implementación de este decreto, instituciones reconocidas como la Uniminuto, entre otras afiliadas a ASCUN, se ven obligadas a realizar ajustes financieros inmediatos. El sector educativo superior privado argumenta que esta carga tributaria adicional llega en un momento particularmente delicado, luego de los desafíos económicos derivados de la pandemia y ahora agravados por la emergencia climática.
Las universidades están evaluando diversas estrategias para mitigar el impacto, las cuales podrían incluir:
- Revisión y posible reducción de proyectos de expansión e inversión en tecnología educativa.
- Ajustes en los programas de ayuda financiera y becas para estudiantes de bajos recursos.
- Reestructuración de gastos operativos y administrativos.
Este escenario genera incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera de muchas instituciones, especialmente aquellas de menor tamaño y con menos recursos patrimoniales. El debate se centra en si el gravamen podría afectar la calidad educativa y el acceso a la educación superior en el país.
