Alerta en el sector educativo: impuesto patrimonial golpea a universidades privadas
El Gobierno Nacional ha generado una profunda preocupación en el sector de la educación superior privada colombiana mediante la imposición de un impuesto al patrimonio que afecta directamente a más de cien instituciones. Según el Decreto 0173 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica por desastres climáticos, estas universidades deberán desembolsar sumas que oscilan entre COP 300 millones y COP 23.000 millones antes del próximo 1 de abril.
Una carga financiera sin precedentes
La magnitud del gravamen varía significativamente según el patrimonio de cada institución, creando una disparidad en el impacto pero manteniendo un denominador común: todas enfrentan un ajuste presupuestal significativo que podría desestabilizar sus finanzas operativas. Las universidades más pequeñas deberán pagar cifras cercanas a los 300 millones de pesos, mientras que las instituciones de mayor tamaño y con más activos enfrentan obligaciones que alcanzan los 23.000 millones de pesos.
Cuestionamientos a la naturaleza del impuesto
Desde el sector educativo se han alzado voces críticas señalando que esta medida no contó con concertación previa y que trata a las universidades privadas como empresas con ánimo de lucro, ignorando su naturaleza educativa y sin fines de lucro. Harold Castilla, rector de la Universidad Minuto de Dios y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), fue enfático al afirmar: "No somos empresas ni damos utilidades", destacando el carácter sorpresivo de esta decisión gubernamental.
Consecuencias directas para la educación superior
Las instituciones advierten que este impuesto podría obligarlas a tomar medidas drásticas que afectarían directamente a la comunidad estudiantil:
- Recorte de programas académicos y de investigación
- Limitación en la oferta de becas estudiantiles
- Posibles aumentos en los costos de matrícula
- Reducción de programas sociales y comunitarios
Esta situación es particularmente preocupante considerando que las universidades privadas cumplen un papel esencial en la cobertura de la educación superior en Colombia, representando una alternativa vital para miles de jóvenes que no acceden a instituciones públicas.
Acciones legales en preparación
ASCUN y varios rectores han anunciado que, de mantenerse la medida, acudirán a la Corte Constitucional para buscar su derogación. Argumentan que el decreto vulnera el principio de autonomía universitaria y desconoce la naturaleza sin ánimo de lucro de estas instituciones.
En un documento de 36 páginas presentado por Oscar Domínguez González, director ejecutivo de ASCUN, se solicita la suspensión provisional del decreto ante el despacho de la magistrada Lina Marcela Escobar de la Corte Constitucional. El texto plantea argumentos sólidos sobre la inconstitucionalidad de aplicar el impuesto al patrimonio a personas jurídicas sin ánimo de lucro calificadas como sujetos del régimen tributario especial.
Un debate que trasciende lo económico
Más allá de las implicaciones financieras, este impuesto ha abierto un debate profundo sobre el reconocimiento del papel social de las universidades privadas en Colombia. Estas instituciones no solo proporcionan educación superior, sino que en muchos casos desarrollan programas comunitarios, investigación aplicada y proyectos de impacto social que benefician a poblaciones vulnerables.
La imposición de un tributo de esta magnitud, sin considerar estas dimensiones, amenaza con debilitar la función educativa y social que cumplen estas instituciones en el país. El sector educativo espera que el Gobierno Nacional reconsideré esta medida o que la justicia constitucional intervenga para proteger la estabilidad del sistema de educación superior privado en Colombia.
