El bisturí fiscal pierde el pulso: universidades y ONG afectadas por impuesto al patrimonio
En medio de la emergencia económica derivada del invierno y sus estragos, particularmente en el departamento de Córdoba, el gobierno nacional expidió el Decreto 0173 del 24 de febrero de 2026, estableciendo un impuesto al patrimonio. Si bien gravar a quienes más tienen responde a principios de justicia tributaria y progresividad en situaciones excepcionales, la medida ha desbordado sus objetivos iniciales, afectando a entidades que generan valor social en lugar de acumular riqueza.
Universidades privadas: un bien público bajo presión fiscal
Las universidades privadas, junto con colegios y organizaciones sociales sin ánimo de lucro, han sido alcanzadas por este gravamen. Estas instituciones no distribuyen utilidades, sino que reinvierten cada peso en educación, investigación, inclusión y desarrollo comunitario. Según ha advertido la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), el impuesto compromete directamente la capacidad de estas instituciones para ofrecer becas, subsidios y apoyos a estudiantes, además de afectar la inversión en investigación y calidad académica.
Las universidades son, en sentido estricto, un bien público. Su impacto trasciende a quienes pasan por sus aulas; irradian conocimiento, cultura y desarrollo hacia sus regiones. Castigarlas fiscalmente en medio de una emergencia representa, en el mejor de los casos, una torpeza técnica; en el peor, una incomprensión profunda de su rol fundamental en la sociedad colombiana.
Organizaciones sociales: el capital social en riesgo
El mismo rigor fiscal ha caído sobre organizaciones no gubernamentales que trabajan en los territorios más vulnerables del país. Fundaciones que suplen vacíos del Estado, que educan, alimentan, acompañan y transforman comunidades enteras, ahora enfrentan cargas tributarias extraordinarias. Resulta preocupante conocer los montos que deberán pagar algunas de estas organizaciones, en dos cuotas, más que contribuciones solidarias.
El caso de Fe y Alegría es particularmente ilustrativo: un movimiento de educación popular que ha sido motor de esperanza para miles de familias en Colombia. Que una organización de esta naturaleza tenga que desviar recursos —destinados a los más pobres— para cumplir con una carga tributaria extraordinaria, revela una falla grave en el diseño de la medida fiscal.
La precisión perdida en nombre de la urgencia
En nombre de la urgencia, el Estado no puede perder la precisión en sus decisiones fiscales. Cuando el bisturí fiscal se usa sin criterio adecuado, no solo corta donde debe: también hiere donde no corresponde. En este caso específico, está afectando a quienes, silenciosamente, sostienen buena parte del capital social del país.
Corregir este despropósito no representa un asunto ideológico, sino de sensatez y visión de futuro. De lo contrario, Colombia terminará financiando la emergencia de hoy al costo de debilitar las soluciones educativas y sociales de mañana. Las consecuencias podrían extenderse por años, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables y a las oportunidades de progreso para miles de jóvenes colombianos.
La medida fiscal, aunque bien intencionada en su origen, requiere ajustes urgentes para excluir a aquellas entidades cuyo propósito fundamental es el bienestar social y educativo del país. El equilibrio entre la necesidad de recaudación y la protección del tejido social debe restablecerse antes de que el daño sea irreversible.
