Impuesto a universidades privadas: un golpe a la competitividad educativa de Colombia
Existen decisiones de política pública que, más allá de sus intenciones declaradas, terminan revelando una peligrosa desconexión con la realidad del país. Gravar a las universidades privadas mediante el Decreto 0173 de 2026 no solo representa una medida inconveniente, sino que constituye un golpe directo a uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene —todavía con dificultad— la competitividad de Colombia.
Justificación cuestionable en medio de gastos descontrolados
El Gobierno nacional ha intentado justificar este nuevo impuesto al patrimonio bajo el paraguas de la emergencia económica. Sin embargo, la pregunta de fondo resulta inevitable: ¿Puede hablarse genuinamente de emergencia cuando lo que subyace es una incapacidad reiterada para controlar el déficit fiscal? Mientras se aprietan las finanzas de instituciones educativas, se han documentado ejecuciones presupuestales superiores a los $100.000 millones en contratos de publicidad estatal, en una narrativa que privilegia la propaganda sobre la austeridad genuina.
Alcance y consecuencias inmediatas de la medida
La medida fiscal tiene un alcance específico y preocupante:
- Afecta a universidades con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (equivalente a más de $10.474 millones)
- Tiene como objetivo recaudar aproximadamente $135.000 millones
- Representa una presión adicional sobre instituciones que ya enfrentan retos enormes en cobertura, calidad e infraestructura
No es casualidad que asociaciones representativas como Ascún hayan decidido demandar la medida ante los tribunales, reconociendo su impacto negativo en el sistema educativo nacional.
Realidad estructural del sistema educativo colombiano
Aquí es donde el debate debe elevarse por encima de las consignas ideológicas. Es necesario reconocer una realidad estructural innegable: la universidad pública, a pesar de su importancia fundamental, no posee la capacidad suficiente para absorber la demanda educativa del país. Sin el concurso activo de las universidades privadas, millones de jóvenes colombianos quedarían por fuera del sistema de educación superior.
Precisamente en este punto la decisión gubernamental resulta más desconcertante. Colombia necesita fortalecer su capital humano si aspira a competir en un mundo donde el conocimiento se ha convertido en el principal activo económico. ¿Cómo se explica entonces que, en lugar de estimular a quienes forman ese talento, se les impongan cargas adicionales que terminarán trasladándose —directa o indirectamente— a los estudiantes y sus familias?
Consecuencias en cadena para el sistema educativo
Cuando se grava a las universidades privadas, se generan efectos negativos en cascada:
- Se tensionan sus presupuestos operativos y de inversión
- Las matrículas tienden a aumentar para compensar los costos adicionales
- Los programas académicos pueden limitarse o reducirse
- La inversión en investigación y desarrollo se ve comprometida
Esta cadena de consecuencias afecta directamente a quienes el discurso oficial dice querer proteger: los estudiantes colombianos y el futuro profesional del país.
Necesidad de un sistema educativo articulado
No puede existir un sistema educativo robusto si se enfrenta a sus actores entre sí. Tampoco puede haber desarrollo sostenible si se castiga la generación de conocimiento por razones ideológicas o fiscales de corto plazo.
Fortalecer la universidad pública representa una causa legítima y necesaria para cualquier nación. Sin embargo, hacerlo a costa de asfixiar financieramente a la educación privada constituye un error estratégico de grandes proporciones. Colombia necesita de ambos sistemas educativos: articulados, complementarios, trabajando en la misma dirección hacia el desarrollo nacional.
Este impuesto envía una señal preocupante: formar talento se convierte en una carga fiscal, no en un propósito compartido de nación; educar a las nuevas generaciones puede terminar siendo penalizado en lugar de estimulado.
Si este es el camino que elige el país, no estamos resolviendo los desafíos del futuro educativo. Estamos, lamentablemente, hipotecando las oportunidades de desarrollo de las próximas generaciones de colombianos.
