Inauguración presidencial que no se tradujo en funcionamiento educativo
El 3 de diciembre de 2025, con gran pompa y celebración comunitaria, el presidente Gustavo Petro inauguró personalmente un ambicioso complejo educativo en el municipio de El Tarra, ubicado en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Durante el acto, el mandatario prometió que esta infraestructura integraría la educación básica con la superior, ofreciendo nuevas oportunidades a una de las zonas históricamente más afectadas por el conflicto armado en Colombia.
Inversión millonaria que no rinde frutos
Sin embargo, una investigación periodística de la Unidad Investigativa de Caracol Radio ha revelado una realidad preocupante: cuatro meses después de la inauguración oficial, las instalaciones permanecen completamente cerradas y sin ningún uso educativo. La razón fundamental es la ausencia total de servicios públicos esenciales, específicamente agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.
La obra, que consistió en la construcción de 11 aulas modulares, representó una inversión pública de 8.380 millones de pesos, recursos provenientes del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE). A pesar de este considerable desembolso, el complejo no ha podido recibir a los 391 estudiantes de educación media ni a los 220 jóvenes inscritos en programas técnicos y profesionales que, según los planes del Ministerio de Educación, debían haber iniciado clases el primero de enero de 2026.
Cadena de irregularidades administrativas
La investigación periodística ha documentado una serie de fallas y contradicciones en el proceso administrativo que permitieron avanzar con el proyecto sin las garantías básicas de funcionamiento. El 11 de marzo de 2025, la empresa de servicios públicos de El Tarra (Espta) emitió inicialmente un certificado que indicaba disponibilidad de acueducto para el lote.
No obstante, apenas dos meses después, en mayo de 2025, la misma entidad rectificó su concepto y admitió formalmente que la red municipal de agua no cubría el sector donde se construiría el complejo educativo. Pese a esta advertencia técnica explícita, la Secretaría de Vías e Infraestructura del municipio procedió a otorgar la licencia de construcción el 8 de julio de 2025.
Frente a esta contradicción, el FFIE tomó la polémica decisión de continuar con la ejecución de la obra. La justificación oficial fue que suspender el contrato con la constructora Técnicas Innovadoras en Construcción implicaría el pago de una indemnización de 384 millones de pesos. Por su parte, el contratista ha manifestado que el fondo les garantizó inicialmente un lote con servicios disponibles y que avanzaron con los trabajos confiando en una solución posterior que, finalmente, nunca llegó.
Soluciones lentas y estudiantes afectados
En cuanto a las medidas para resolver la situación, los reportes indican que la construcción de la línea de acueducto necesaria para abastecer el complejo educativo apenas fue contratada seis días después de la visita presidencial de diciembre. Debido a múltiples prórrogas y adiciones presupuestales, se estima que el servicio de agua no estará disponible antes del 2 de mayo de 2026.
Respecto a la energía eléctrica, aunque existen redes de distribución cercanas a la infraestructura, la conexión final depende de que el contratista subsane ciertas observaciones técnicas, proceso que se estima tomará aproximadamente un mes más.
Mientras las autoridades municipales, el contratista y el FFIE intercambian acusaciones sobre la responsabilidad del impasse, el impacto social es tangible y preocupante. Los estudiantes del Instituto Superior de Educación Rural (ISER), que deberían estar utilizando las nuevas instalaciones, se encuentran recibiendo clases en condiciones de hacinamiento en otra institución educativa que, irónicamente, también está en proceso de obras.
Según veedores y líderes comunitarios locales, existe una evidente falta de voluntad administrativa para resolver con celeridad la carencia de espacios dignos para la educación en El Tarra, una zona que continúa sufriendo las secuelas del conflicto armado en el Catatumbo. La promesa de integración educativa y desarrollo regional sigue, por ahora, siendo solo eso: una promesa incumplida.
