Colegios de Soledad operan sin vigilancia mientras docentes enfrentan amenazas de bandas criminales
La Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA) ha emitido una alerta crítica este 24 de marzo, revelando que múltiples instituciones educativas en el municipio de Soledad, Atlántico, se encuentran completamente desprotegidas ante la ausencia de servicio de vigilancia. Esta situación representa un riesgo inminente para la integridad de estudiantes, profesores y personal administrativo.
Comunicado oficial expone vulnerabilidad en zonas noroccidental y Vista Hermosa
En su Comunicado 008, el gremio docente detalla que numerosos planteles ubicados en las zonas Noroccidental y Vista Hermosa permanecen sin ningún tipo de custodia, a pesar de que las advertencias sobre esta vulnerabilidad han sido reiteradas en documentos anteriores. La ADEA subraya que la comunidad educativa ha estado expuesta a incidentes que comprometen directamente su seguridad.
Un caso emblemático ocurrió el pasado 11 de marzo en el suroccidente de Barranquilla, donde aproximadamente cinco docentes denunciaron haber recibido videollamadas extorsivas. Los agresores, quienes los identificaron por sus nombres completos, los intimidaron exhibiendo armas de fuego durante las comunicaciones. Las investigaciones preliminares sugieren que estas amenazas podrían estar vinculadas a la banda de Los Costeños o a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Plantón en institución Juan Acosta Solera revela escalada de intimidaciones
En la institución educativa Juan Acosta Solera, localizada en el barrio Los Olivos Segunda Etapa, profesores organizaron un plantón para visibilizar que las amenazas no solo persisten, sino que se han vuelto más directas y personalizadas. Los educadores afectados afirmaron que los extorsionadores poseen información detallada sobre sus rutinas diarias y otros datos personales sensibles.
Las organizaciones sindicales han señalado que este tipo de presiones criminales los afecta desde hace varios años, llegando al extremo de que algunos maestros, por temor, habrían accedido a realizar pagos diarios para evitar agresiones físicas. Paralelamente, el Gaula de la Policía confirmó que incidentes similares de amenazas habrían tenido lugar en el departamento de Boyacá, específicamente en la cárcel de Combita.
Falta crónica de vigilancia obliga a docentes a asumir funciones de seguridad
La ADEA ha criticado duramente las medidas administrativas adoptadas por las autoridades, como el traslado de una docente vinculada a uno de los casos, argumentando que estas acciones no abordan el problema estructural. La realidad es que existe una ausencia total de vigilancia permanente en los colegios afectados.
Esta carencia de personal de seguridad ha forzado a profesores y directivos a desempeñar tareas completamente ajenas a su labor pedagógica. En varios planteles, los mismos educadores deben abrir y cerrar las instalaciones utilizando candados, exponiéndose en horarios considerados de alta vulnerabilidad. La preocupación se intensifica al recordar antecedentes violentos, como el ataque con arma de fuego que sufrió un profesor de una de estas instituciones tras negarse a pagar una extorsión, hecho que permanece impune.
Aunque la Policía Metropolitana asegura mantener acompañamientos en horas de ingreso y salida, además de patrullajes preventivos, los educadores consideran estas medidas insuficientes frente a una problemática que califican como estructural y sistemática.
Llamado a la acción y advertencia de movilizaciones
La ADEA ha emitido un llamado urgente a los rectores para que:
- Dejen constancia escrita de cualquier incidente relacionado con la falta de vigilancia.
- Remitan los reportes formalmente a la administración municipal.
- No asuman responsabilidades administrativas que corresponden a las autoridades locales.
Además, se ha extendido una petición a todos los docentes del departamento del Atlántico para que informen cualquier situación que afecte la infraestructura, el aseo o la seguridad en sus colegios. El gremio ha advertido claramente que, si no se adoptan medidas concretas que garanticen condiciones mínimas de protección, podrían convocarse movilizaciones masivas e incluso un cese de actividades en el sector educativo regional.
