El Consejo Superior (CSU) de la Universidad Popular del Cesar (UPC) convocó a una sesión extraordinaria con un único fin: designar a la persona encargada de asumir la rectoría de la institución. Esto ocurrió después de que el Consejo de Estado suspendiera de manera temporal el decreto mediante el cual se había nombrado a Guillermo Andrés Echevarría como rector.
Decisión del Consejo Superior
Tras la reunión, el CSU determinó que Ana Milena Maya González, quien se desempeñaba como vicerrectora académica desde 2024, asumiera el cargo de rectora encargada. La universidad emitió un comunicado en el que destaca que Maya González cuenta con 12 años de trayectoria en la UPC, donde ha trabajado como docente, investigadora, líder de grupo de investigación, decana y vicerrectora de Investigación y Extensión. La institución expresó que “asume este nuevo reto al frente de nuestra alma máter”.
Perfil de la nueva rectora
Ana Milena Maya, nacida en Valledupar, es contadora pública y posee una maestría en proyectos de investigación y desarrollo, así como un doctorado en ciencias gerenciales. Llegó a la UPC en 2022 para ocupar el cargo de decana de la Facultad de Ciencias Administrativas, puesto que mantuvo hasta 2024, cuando fue designada vicerrectora de la institución.
Contexto de la suspensión
La UPC atraviesa una situación compleja luego de la decisión del Consejo de Estado, que señaló que “de manera preliminar, el demandado no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas internas de la universidad, específicamente, lo relacionado con la experiencia no inferior a cinco años en educación superior”. La documentación presentada por Echevarría solo permitía comprobar un total de cuatro años, 10 meses y 26 días de experiencia docente en la UPC.
En la demanda analizada por el Consejo de Estado se argumenta que la experiencia certificada por UPARSISTEM S.A.S. no puede ser considerada, ya que esta entidad no es una institución de educación superior, sino una entidad de formación para el trabajo y el desarrollo humano, las cuales “tienen prohibición expresa de ofertar programas de educación superior”.
