La vía a San Vicente de Chucurí se desmorona día tras día, y con ella se derrumba también la paciencia de una región entera, que cada vez se siente más impotente, atrapada entre el barro y el abandono. Lo que es legal y decente es que las instituciones oficiales dejen de responsabilizarse entre sí y asuman, de una vez por todas, sus compromisos, en lugar de prolongar enfrentamientos de versiones que solo sirven para alimentar extenuantes trámites judiciales.
Isagen, Gobernación e Invías: una disputa interminable
Isagen afirmó a Vanguardia que entregó los corredores hace más de una década, por lo que la responsabilidad actual recae en la Gobernación y el Instituto Nacional de Vías (Invías). La empresa sostiene que la vía fue recibida a satisfacción por el departamento en 2016, y que su compromiso de mantenimiento por tres años se cumplió a cabalidad hasta finales de 2019. Pero, mientras unos y otros se enredan en comunicados y sentencias, la vía se sigue partiendo en pedazos.
El Consejo de Estado, en septiembre de 2024, ya le ordenó al Invías evaluar el corredor y ejecutar obras de estabilización. Los plazos corren y la paciencia se agota. El estado actual de esa carretera, lo saben todos, tiene que ver con la falta de mantenimiento preventivo, el aumento del tráfico, el paso de vehículos pesados y el crecimiento turístico, factores que, aunque eran previsibles, ninguna entidad atendió a tiempo.
La comunidad atrapada en el abandono
Mientras la Gobernación señala a la Nación y el Invías sacude los hombros, la ciudadanía solo ve un espejismo de promesas incumplidas. La sentencia del alto tribunal es clara, pero si se carece de voluntad política, las sentencias no operan, no pavimentan caminos. La paciencia de los chucureños se agota. Atrapada en una disputa de más de una década sobre quién debe mantener los corredores entregados por Isagen, la comunidad observa con impotencia cómo su principal arteria colapsa.
El reciente hundimiento en el sector de Náutica es el último aviso antes de una emergencia previsible. Gobernar es priorizar, pero en Santander las vías parecen haber sido borradas del mapa del Gobierno Nacional, dejando a la región a merced de trámites judiciales que no pavimentan ni salvan vidas. El hecho más reciente del caos vial ocurrió el pasado 29 de abril, cuando un hundimiento de casi un metro en el sector de Náutica volvió a abrir la grieta sobre la vía que comunica a San Vicente de Chucurí con Bucaramanga.
Riesgo de incomunicación para miles de personas
Cerca de 30.000 chucureños están en riesgo de quedar incomunicados con la capital santandereana, en un corredor que la Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI) advirtió hace diez años que no debía pavimentarse. Este caso de San Vicente es otra cuenta en el rosario de obras incumplidas a Santander, como la vía a Bogotá, la carretera a Málaga, el Anillo Vial Externo Metropolitano, la Ruta del Cacao, la Variante de San Gil y tantas otras arterias vitales, aplazadas por décadas de ineficiencia e irresponsabilidad.
El Estado, en lugar de cumplir con su deber prioritario de procurar el bien general, se dedica a evadir compromisos, a dilatar responsabilidades, amparándose en peleas judiciales sin importarles que, mientras tanto, las vías se conviertan en escombros. Como lo hemos reiterado, todo esto es una inaceptable falta de respeto con una región que aporta la cuarta economía del país, genera riqueza, mueve carga, produce energía, alimenta a Colombia, pero pareciera que estuviéramos borrados del mapa para los planificadores y para quienes toman las decisiones.
Urgen acciones concretas
No se puede seguir postergando lo que es urgente. Las comunidades del área metropolitana y de todo Santander exigen que las instituciones oficiales, sin más excusas, establezcan de una vez sus responsabilidades en la recuperación de la vía a San Vicente. La confianza ciudadana ya está demasiado erosionada como para soportar una nueva ronda de trámites judiciales, pues cada día que las instituciones postergan sus decisiones y, por consiguiente, sus acciones, la crisis se profundiza.
El Consejo de Estado ya habló, y su voz no puede quedar en el vacío. Según esto, el Invías tiene una orden, la Gobernación tiene un compromiso y la empresa generadora ya cumplió lo suyo. Lo que no puede olvidarse es que la paciencia de las comunidades no es infinita y la legitimidad de las instituciones se degrada cada vez más ante esa ciudadanía. Que cada uno asuma su responsabilidad, que actúe en consecuencia y que lo haga antes de que el desprecio oficial convierta en ruinas lo que aún puede salvarse.
