Crisis de conectividad: Suspensión del ferry de Salamina tras 50 años de operación
La conectividad entre los departamentos de Magdalena y Atlántico enfrenta una situación crítica sin precedentes tras la decisión de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) de suspender definitivamente las operaciones del ferry en el sector de Salamina. Esta medida, fundamentada en la ausencia de permisos ambientales de ocupación de cauce, ha desatado un fuerte rechazo por parte de operadores y comunidades locales que dependen de este servicio histórico.
Denuncias de persecución institucional
Yimi Quintero, operador de la embarcación, denunció una presunta "persecución" institucional, señalando que el servicio ha funcionado durante más de cinco décadas sin requerimientos ambientales específicos. La suspensión no solo afecta el transporte de carga y vehículos, sino que impacta directamente a ciudadanos que utilizan el ferry para acceder a servicios de salud, medicamentos y el comercio de productos básicos entre Puerto Las Carmelitas en Magdalena y Puerto Giraldo en Atlántico.
Impacto social y económico devastador
La interrupción del servicio del ferry ha generado un malestar generalizado en Salamina y municipios vecinos como El Piñón. Para los habitantes de esta zona, la embarcación representa el "puente invisible" que garantiza el flujo de víveres y el traslado de pacientes hacia centros médicos de mayor complejidad en el departamento vecino.
Los pequeños comerciantes reportan incrementos significativos en los costos de logística, ya que la alternativa terrestre por la Vía de la Prosperidad implica:
- Trayectos más largos y costosos
- Condiciones de deterioro vial peligrosas
- Mayor tiempo de transporte para productos perecederos
- Incremento en los precios finales para los consumidores
"La gente de a pie utiliza los 'Johnson' para cruzar, pero el desabastecimiento y el encarecimiento de los productos es lo que realmente nos golpea", señalan líderes comunales que perciben esta decisión como un obstáculo a su supervivencia diaria.
Postura de Corpamag: Legalidad y riesgo ambiental
Desde la autoridad ambiental, Corpamag sostiene que la medida preventiva es una obligación legal y técnica para prevenir desastres mayores. Mediante la Resolución No. 3400 de agosto de 2025, ratificada en enero de 2026, la corporación ordenó la suspensión inmediata de las actividades de las empresas Transdier S.A.S. y Flutecar.
Alfredo Martínez Gutiérrez, director de Corpamag, enfatizó que la operación en el punto actual, a solo 600 metros de la cabecera municipal, es insostenible ambientalmente. Informes técnicos de la Universidad del Magdalena y la Sociedad Colombiana de Ingenieros advierten que la actividad del ferry podría estar acelerando la erosión ribereña en una zona de alta vulnerabilidad.
Contexto histórico y acciones legales
La problemática en Salamina no es reciente; la erosión del río Magdalena ha amenazado la infraestructura del municipio por más de una década. El Instituto Nacional de Vías (Invías) ha calificado el área como crítica y ha ejecutado obras de estabilización que, según los conceptos técnicos, se ven comprometidas por la operación no autorizada del ferry.
Esta situación ha escalado al ámbito judicial con una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, donde la Procuraduría Ambiental ha solicitado formalmente el cese definitivo de la operación en su ubicación actual para salvaguardar la ribera.
Mientras se convocan mesas de trabajo interinstitucionales con la Alcaldía, Invías y Findeter, la incertidumbre crece en una población que se siente atrapada entre la normativa ambiental y la necesidad imperiosa de movilidad y subsistencia económica.
