En un fallo que despeja el horizonte financiero y de infraestructura para la capital de Bolívar, el Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena ratificó la legalidad de la operación de crédito público más ambiciosa de la actual administración. Mediante el Auto Interlocutorio No. 254 del 27 de abril de 2026, el despacho negó la medida cautelar que pretendía congelar el empréstito de $1,5 billones, blindando así los planes de la administración distrital para ejecutar obras de alto impacto social y vial.
Antecedentes de la controversia
La controversia se fundamentó en los Acuerdos Distritales 147 y 160 de 2024, que enfrentaban al paquete de obras propuesto por la Alcaldía contra una acción de nulidad interpuesta por los ciudadanos Uriel Alfonso De Arco Paternina y Valentín García Grey. Los demandantes alegaban que el Distrito violó leyes de responsabilidad fiscal, específicamente la Ley 358 de 1997 y la Ley 819 de 2003, y ponía en riesgo la calificación de riesgo de la ciudad frente a agencias como Fitch Ratings.
El blindaje judicial: "Sin pruebas de perjuicio"
La decisión del juzgado señala que los accionantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio irremediable para las arcas de la ciudad. Según el despacho, el Distrito no ha violado las normas de endeudamiento y los actos del Concejo cuentan con una motivación técnica que no ha sido desvirtuada. "En el ordenamiento jurídico colombiano las medidas cautelares tienen unas reglas claras de procedencia y estas no fueron satisfechas", afirmó Milton José Pereira, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito. Con este espaldarazo, la administración asegura la continuidad de las gestiones con entidades de crédito como Findeter, CAF y BID, bajo un esquema de pago a 15 años que incluye dos de gracia.
Distribución del crédito en cinco ejes estratégicos
El crédito, diseñado para mitigar deudas históricas en servicios básicos e infraestructura, se distribuirá en cinco ejes estratégicos que buscan transformar la cara de Cartagena:
Infraestructura Vial ($728.661 millones)
Los recursos financiarán intercambiadores clave en la Bomba del Amparo, Ceballos, La Carolina y Ternera, además de los 13,5 kilómetros finales de la Vía Perimetral.
Agua y Saneamiento ($392.701 millones)
Se ejecutarán 13 proyectos de acueducto y alcantarillado, enfocados especialmente en la zona insular, los corregimientos y la conurbación con Turbaco.
Educación ($170.251 millones)
Inversión destinada a modernizar 25 sedes educativas oficiales y la compra de la planta física del Colegio Fe y Alegría.
Salud ($92.181 millones)
Construcción del Centro Regulador de Urgencias (CRUE) y nuevos hospitales en San José de los Campanos y la Zona Norte.
Deporte y Justicia ($116.205 millones)
Fortalecimiento de Casas de Justicia en zonas periféricas y la creación de nuevos escenarios deportivos.
Seguridad jurídica para la inversión
El fallo judicial no solo permite el flujo de recursos, sino que envía un mensaje de estabilidad a los acreedores internacionales. Al citar que la estabilidad de la administración pública debe prevalecer sobre elucubraciones técnicas sin sustento probatorio, el juez ha permitido que el cronograma de la ciudad siga su curso. El crédito tiene un horizonte de pago de 15 años, y el Distrito promete que las megaobras se conviertan en el motor de lucha contra la pobreza y la informalidad en la capital de Bolívar.
