La fractura entre Nación y regiones se evidencia en crisis de avalúos catastrales
Las protestas que estallaron en varios departamentos colombianos ante el incremento del avalúo catastral rural, con bloqueos que paralizaron vías estratégicas, dejaron al descubierto una inconformidad profunda de miles de ciudadanos. El levantamiento de los bloqueos, que deben ser cuestionados por afectar la economía regional y la libre movilización, y la firma de acuerdos en Santander, replicados en Boyacá, Casanare y Risaralda, constituyen un desenlace adecuado que merece reconocimiento.
La apertura de mesas técnicas, la revisión caso por caso de los avalúos para el cobro del impuesto predial y la disposición de alivios para los contribuyentes representan pasos en la dirección correcta. Sin embargo, más allá de la coyuntura inmediata, la lección que deja este episodio es contundente: Colombia necesita reconstruir urgentemente la relación entre la Nación y los territorios.
Modernización catastral: necesidad impostergable
Retomando el tema de los aumentos de avalúos catastrales, es oportuno plantear que el país no puede eludir el debate de fondo que subyace en esta problemática. Este tiene que ver con la urgencia, tantas veces manifestada, de modernizar el catastro nacional y de que predios que pagan sumas irrisorias de predial, a pesar de su valor de mercado real, sean objeto de una actualización progresiva que permita tributos acordes con su realidad económica.
No es razonable que Colombia haya acumulado rezagos de más de una década en este campo fundamental. Esta herramienta es crucial para desarrollar un mercado de tierras transparente, mejorar la planeación territorial, garantizar equidad tributaria y optimizar la asignación de recursos públicos. Incluso está en juego la lucha contra la deforestación, pues la implementación del catastro multipropósito puede poner freno efectivo al acaparamiento ilegal de tierras.
Implementación deficiente y falta de coordinación
Pero existe una diferencia abismal entre avanzar en la actualización catastral y hacerlo sin la debida preparación, sin pedagogía suficiente y, especialmente, sin una adecuada articulación entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales. Los incrementos abruptos e inesperados que enfrentaron numerosos ciudadanos no son el resultado inevitable de una política necesaria, sino la consecuencia directa de una implementación deficiente y apresurada.
Todos estos procesos requieren coordinación meticulosa, gradualidad medida y una construcción conjunta con los territorios. Precisamente lo que no ocurrió en este caso. De ahí la pertinencia del llamado realizado por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, durante la cumbre de gobernadores: sin confianza institucional, sin reglas claras y sin competencias bien definidas, cualquier reforma, por necesaria que sea, está condenada a generar rechazo masivo y conflictos sociales.
Responsabilidades desproporcionadas y lógica confrontacional
Resulta ilógico y desproporcionado que desde el Gobierno Nacional se haya intentado trasladar la responsabilidad completa de la crisis a alcaldes y gobernadores locales, cuando lo que quedó en evidencia fue la falta flagrante de una guía clara y de una articulación efectiva entre niveles de gobierno. No existió ni coordinación técnica ni definición precisa de competencias durante el proceso.
En este contexto preocupante, las amenazas públicas del presidente Gustavo Petro de destituir a mandatarios locales —algo que no le compete constitucionalmente, pues son funcionarios de elección popular— solo contribuyen a agravar el problema. Estas declaraciones representan la muestra palpable de una relación distante y marcada por la lógica de confrontación que el mandatario ha privilegiado en su narrativa política.
Fracturas que trascienden el catastro
Las fisuras alimentadas por el Gobierno Nacional con alcaldes y gobernadores no se limitan exclusivamente al ámbito catastral, sino que se replican peligrosamente en otros frentes cruciales como:
- Seguridad ciudadana y orden público
- Infraestructura vial y de servicios
- Planificación territorial integrada
- Asignación de recursos presupuestales
Paradójicamente, fue desde los territorios afectados —con el liderazgo destacado del gobernador de Santander y el acompañamiento del Ministerio del Interior— como finalmente se logró destrabar la crisis y alcanzar un acuerdo que, en esencia, recoge lo que debió haberse implementado desde el inicio: diálogo constructivo, concertación regional y revisión técnica rigurosa.
Advertencia nacional y camino a seguir
Estas fracturas profundas que deja la administración del presidente Petro con gobernadores y alcaldes terminan afectando severamente la capacidad del Estado colombiano para responder de manera eficaz, coordinada y oportuna a las necesidades reales de los ciudadanos en todas las regiones del país.
Más que simplemente cerrar este capítulo conflictivo, Colombia debería asumirlo como una advertencia estructural contundente. Los candidatos presidenciales y todos los actores políticos deben tomar nota urgente de esta lección. Sin importar las diferencias ideológicas legítimas, reconstruir la relación entre la Nación y los territorios es absolutamente indispensable para un buen gobierno efectivo y representativo. Esta reconstrucción institucional resulta lo más conveniente para toda la nación y su desarrollo integral a largo plazo.
