Una investigación del Ministerio de Transporte y la Superintendencia ha puesto bajo la lupa a 37 organismos de tránsito en Colombia por presuntas irregularidades en los sistemas de fotodetección. Se estima que más de 7,5 millones de fotomultas impuestas entre noviembre de 2018 y diciembre de 2024 están siendo revisadas, de las cuales cerca de 5,8 millones podrían quedar sin validez por incumplimiento de requisitos legales.
Irregularidades en el sistema de fotomultas
El abogado Fabio Giraldo, especialista en Derecho procesal contemporáneo y movilidad sostenible, explicó que la vulneración al debido proceso se debe a que muchas cámaras operaron sin cumplir con la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, que exige un "concepto de desempeño de la tecnología" al momento de su funcionamiento. Según Giraldo, la falla estuvo en la auditoría y autorización de los entes de control: algunos municipios operaron sin dicho concepto, otros lo tramitaron tarde, y en varios casos se emitió a nombre del operador privado concesionario y no del organismo de tránsito oficial.
Ante la incertidumbre, Giraldo recomendó a los ciudadanos no pagar los comparendos afectados. "No deben pagarlos bajo ningún concepto y no deben pagarle a ningún abogado porque esos comparendos van a ser revocados por oficio", enfatizó. Incluso si los usuarios enfrentan cobros coactivos o embargos, la medida debe revertirse, ya que "al revocar lo principal que es el comparendo se cae lo accesorio". Para quienes ya pagaron, el abogado sugirió interponer un derecho de petición y acciones legales bajo la figura de "pago de lo no debido".
Preocupación de la comunidad jurídica
El abogado Sergio Estrada Vélez expresó su preocupación ante lo que considera un reflejo de la arbitrariedad sistémica en los modelos de fotodetección del país. "Esta noticia refleja una realidad muy preocupante. Es apenas la punta de un iceberg. Nos hemos acostumbrado a la arbitrariedad", afirmó. Estrada opinó que estas indagaciones confirman que el sistema de fotomultas, concebido originalmente para proteger vidas y prevenir la accidentalidad vial, "se ha convertido en un medio de recaudo de dineros en detrimento de las garantías constitucionales de propietarios y conductores". Además, advirtió que estas irregularidades no son exclusivas de los medios tecnológicos, sino que ocurren también en comparendos físicos bajo la Ley 769 de 2002, por lo que urgió una actualización legislativa.
Postura de la Alcaldía de Medellín
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aclaró que su administración aún no ha recibido notificación oficial sobre los resultados de la auditoría, pero fue tajante: "ningún proceso puede ser irregular. Y si un proceso no cumple todas las condiciones, pues no se puede ejecutar de esa forma". Gutiérrez defendió las acciones preventivas de su administración, recordando que en su primer mandato (2016-2019) anuló cientos de miles de fotomultas cobradas de manera irregular por una concesión heredada a 20 años.
El mandatario destacó que desde el 31 de diciembre de 2025 ya no opera dicha concesión privada y que el sistema es operado directamente por la Alcaldía a través de la Empresa de Seguridad Urbana (ESU). "Yo no quiero la plata de la gente, yo quiero es la vida de la gente", puntualizó. Gracias a la señalización visible de los dispositivos y al envío de mensajes de texto diarios para advertir a los conductores antes del vencimiento del SOAT o la revisión técnico-mecánica, Medellín ha registrado una reducción cercana al 30% en la imposición de fotomultas por velocidad con respecto al año anterior.
