Brecha presupuestal de la ANI supera los $5 billones en 2025
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) comprometió prácticamente la totalidad de su presupuesto de inversión para 2025, alcanzando un 99,5% de asignación contractual, pero solo logró ejecutar pagos por el 34,5% de esos recursos. Esta alarmante discrepancia ha dejado sin flujo de caja real más de $5 billones que estaban destinados a los concesionarios responsables de la red vial primaria del país.
El peor desempeño del sector Transporte en siete años
Según un informe detallado de la Dirección de Análisis Económico e Investigaciones de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (DAE-CCI), construido con datos oficiales del Ministerio de Hacienda, este resultado representa el indicador más bajo de ejecución presupuestal en el sector Transporte desde 2019. De los $6,21 billones disponibles inicialmente para inversión durante la vigencia 2025, la ANI únicamente desembolsó $1,26 billones, equivalente a un preocupante 20,4%.
La magnitud del problema se evidencia en que las empresas concesionarias, encargadas de construir y operar los grandes corredores viales, no han recibido los recursos necesarios para pagar obras ejecutadas, cubrir costos operativos ni honrar compromisos financieros con el sistema bancario. Esta situación ha generado una presión significativa sobre los flujos de caja de los proyectos de infraestructura nacional.
Factores que explican la crisis presupuestal
El análisis de la DAE-CCI identifica dos elementos centrales que han contribuido a esta crítica situación. En primer lugar, la ANI incumplió con el pago de las vigencias futuras de proyectos concesionados que tenían como plazo límite el 15 de febrero de 2026, a pesar de que los recursos debían estar comprometidos antes del 31 de diciembre de 2025.
En segundo término, la entidad enfrentó un recorte presupuestal sustancial durante el año, pasando de una apropiación inicial de $9,53 billones a solo $8,36 billones disponibles al cierre de 2025. Esta reducción de $1,16 billones estuvo asociada a los ajustes implementados mediante el Decreto 1477 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional liquidó el Presupuesto General para la vigencia fiscal de 2026.
Corredores viales afectados por la falta de pagos
Un informe de ejecución presupuestal con corte al 28 de febrero de 2026, firmado por Gustavo Adolfo Salazar Herrán, vicepresidente de Gestión Corporativa de la ANI, revela que la deuda acumulada no ha sido saldada completamente. Al cierre de ese mes, la agencia mantenía un saldo pendiente superior a $1,37 billones, a pesar de haber pagado $3,99 billones de las reservas constituidas.
Mientras algunos corredores como Pamplona–Cúcuta, Autopista Conexión Pacífico 1, Conexión Norte y Rumichaca–Pasto recibieron sus giros completos, otros proyectos estratégicos continúan con pagos acumulados en cero:
- Puerto Salgar–Barrancabermeja (Cundinamarca, Boyacá y Santander): $367 millones sin cancelar
- Buenaventura–Loboguerrero–Buga (Valle del Cauca): $247 millones pendientes
- Popayán–Santander de Quilichao (Cauca): $249 millones sin girar
- Perimetral de Cundinamarca–Centro Oriente: $194 millones
- Sabana de Torres–Curumaní (Santander y Cesar): $179 millones
Riesgos contractuales y consecuencias financieras
La demora en los pagos genera graves implicaciones contractuales para las concesionarias, que deben cubrir con recursos propios o créditos los costos de construcción, operación y servicio de deuda. Esta situación activa mecanismos de reclamación previstos en los contratos, que pueden derivar en procesos arbitrales y compensaciones a cargo del Estado.
La ANI ha incorporado este riesgo en su planeación financiera para 2026, asignando $3.500 millones específicamente para laudos arbitrales. Además, el corredor 80, correspondiente a obras complementarias y gestión social, ambiental y predial, presenta un pago parcial con $280 millones pendientes de cancelación.
El informe concluye de manera contundente que el sector Transporte no solo se consolidó como el sector productivo con menor ejecución presupuestal durante 2025, sino que este resultado representa el peor desempeño registrado en los últimos siete años, marcando un retroceso significativo en la capacidad de inversión en infraestructura vial nacional.
