Un proyecto de energía eólica en La Guajira, que presenta retrasos significativos, podría generar millonarias repercusiones en el patrimonio del Distrito Capital. Así lo advirtió la Contraloría de Bogotá al confirmar la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de COP 313.276 millones, relacionado con el proyecto eólico Windpeshi, desarrollado por Enel Colombia.
Investigación por fallas en el proyecto
La investigación se anunció tras una indagación preliminar que evidenció fallas en el avance y la planeación del proyecto energético. Bogotá juega un rol clave al ser accionista de Enel Colombia a través del Grupo de Energía de Bogotá, que posee el 42 % de las acciones de la empresa. Por lo tanto, los recursos del Distrito estarían comprometidos en esta iniciativa.
Retrasos y sobrecostos
Según el organismo de control, el proyecto no avanzó conforme a lo previsto, pese a la ejecución de recursos. Para marzo de 2022, el avance reportado era del 29,6 %, por debajo del 33,7 % esperado. Además, se registraron retrasos en los licenciamientos y sobrecostos que impactaron el cronograma. La Contraloría señaló que el proyecto fue suspendido indefinidamente en mayo de 2023, sin haber entrado en operación.
De las 41 cimentaciones proyectadas, únicamente se construyeron siete. Los aerogeneradores necesarios para el funcionamiento del parque nunca fueron instalados, y los equipos adquiridos permanecen almacenados y sin uso. Por lo tanto, no se ha materializado la finalidad prevista con la inversión efectuada.
Objetivos del proceso fiscal
La investigación anunciada por el ente de control busca establecer posibles responsabilidades derivadas de la afectación a los recursos públicos distritales. El proceso pretende identificar a quienes intervinieron en la planeación, ejecución y toma de decisiones del proyecto. Se espera que este proceso determine las consecuencias legales y financieras para los involucrados.
Este caso pone de relieve la importancia de la supervisión en proyectos de gran envergadura que involucran recursos públicos, especialmente en el sector energético, donde los retrasos y sobrecostos pueden tener un impacto significativo en las finanzas de las entidades estatales.
