La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha iniciado una investigación formal sobre el proceso de traslado de recursos de pensiones desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones, luego de que el presidente Gustavo Petro impartiera dicha orden durante el más reciente consejo de ministros. La medida responde a lo que el Gobierno califica como "irregularidades en el proceso" que han generado retrasos significativos en la transferencia de los ahorros de miles de afiliados.
¿Cuántos afiliados están afectados?
La investigación afecta a 32.803 afiliados que ya han consolidado su derecho pensional. Sin embargo, apenas un 5% de ellos ha visto completado el traslado de sus recursos. De este total, 24.331 personas ya reciben su mesada pensional a través de Colpensiones, pero la transferencia de los fondos correspondientes no se ha realizado en su totalidad. El monto involucrado asciende a más de 8,7 billones de pesos, cifra que, según el Gobierno, podría comprometer la estabilidad del sistema de pensiones y la confianza de los afiliados.
Decreto 415 de 2026 y su suspensión
El proceso de traslado se enmarca en el Decreto 415 de 2026, que estableció condiciones y plazos específicos para la transferencia de recursos. No obstante, el Consejo de Estado suspendió dicho decreto mediante dos autos emitidos en abril y mayo de 2026, lo que generó incertidumbre jurídica y retrasos adicionales. La suspensión ha complicado la ejecución del traslado, afectando tanto a los afiliados como a las entidades responsables.
Declaraciones de la superintendente
La superintendente financiera, Nini Johanna Castañeda Quintero, manifestó que la protección del ahorro del público es una prioridad en estos procesos. "Estamos actuando para que los recursos sean transferidos de acuerdo con los plazos establecidos, garantizando los derechos de los afiliados", afirmó. La funcionaria agregó que la intervención busca garantizar que los recursos sean entregados de manera eficiente y sin más demoras.
Objetivos de la investigación
La SFC busca agilizar los traslados pendientes y determinar las causas de los retrasos. Además, se identificarán posibles responsables de las irregularidades observadas en el proceso de ejecución. La Superintendencia destacó que su intervención tiene como fin proteger los derechos de los consumidores financieros y velar por el cumplimiento de las normativas vigentes. El próximo paso será analizar a fondo las razones detrás de los incumplimientos y proponer soluciones adecuadas para garantizar que los afiliados reciban sus recursos de manera oportuna.
