Los fondos privados de pensiones Skandia, Colfondos, Protección y Porvenir presentaron una demanda ante el Consejo de Estado para frenar el traslado de 25 billones de pesos a Colpensiones, recursos correspondientes al ahorro de cotizantes que migraron del régimen privado al sistema público.
Suspensión provisional solicitada
La acción judicial solicita la suspensión provisional de las medidas contenidas en el decreto que ordena el movimiento de dichos recursos, mientras el alto tribunal estudia la legalidad de la disposición. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) argumentan que los recursos deberían continuar bajo su administración hasta que cada afiliado acceda a la pensión, y no ser enviados de forma anticipada a Colpensiones.
Cronograma de traslado
Según el decreto, los fondos privados deben trasladar el 14 de mayo aproximadamente 5 billones de pesos correspondientes a personas que ya estarían en condición de pensionarse. El saldo restante, calculado en alrededor de 15 billones de pesos, debería ser consignado a más tardar el 5 de junio.
Argumentos de los demandantes
Los demandantes sostienen que la medida afectaría a quienes permanecieron en el régimen privado, al disminuir el ahorro disponible para financiar pensiones futuras. Además, afirman que incrementaría la carga fiscal para el Estado al elevar el pasivo pensional en más de 43 billones de pesos.
Esta nueva demanda se suma a otra que ya cursa en el Consejo de Estado, promovida por el abogado Jesús Hernando Baena Álvarez, experto en temas laborales y de seguridad social en Medellín. Dicho recurso fue admitido por el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, de la Sección Segunda del alto tribunal.
Declaraciones del abogado Baena
Baena explicó que demandó el decreto por considerarlo ilegal e inconstitucional, ya que se basa en el artículo 76 de la reforma pensional, pero un parágrafo de ese artículo indica que los recursos deben trasladarse a Colpensiones solo para quienes cumplieron los requisitos de pensión. El jurista sostiene que el Ejecutivo mezcla dos figuras jurídicas distintas: el traslado de afiliados entre regímenes y el traslado efectivo de los recursos, y que el dinero solo debería moverse cuando el cotizante consolide su derecho a pensionarse.
Próximos pasos
El proceso será de única instancia. Los ministerios de Hacienda y de Trabajo, junto con la Procuraduría General y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, tienen 30 días para responder y aportar el expediente administrativo del decreto.
