El Decreto 0415 de 2026, que ordena el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, ha desatado un fuerte enfrentamiento entre el sector privado, la entidad pública y la Superintendencia Financiera. La norma fue firmada el lunes 20 de abril, pero se divulgó el jueves 23, cayendo como un baldado de agua fría durante el congreso de Asofondos.
Detalles del decreto y sus implicaciones
El decreto exige que los recursos del ahorro pensional de quienes se trasladaron del sector privado al público sean entregados en pocas semanas. Según los fondos privados, esto generaría pérdidas significativas para los afiliados, ya que Colpensiones no cuenta con una mesa de dinero ni un portafolio de inversiones para manejar esos cuantiosos recursos. Además, se teme que el Gobierno, ante el fuerte déficit fiscal, pueda gastar esos recursos en el corto plazo, en lugar de invertirlos para obtener rentabilidad a largo plazo.
Postura de Asofondos y la Superintendencia Financiera
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, afirmó que en el encuentro de este lunes se compartirán argumentos sobre la ilegalidad del decreto. "Vamos a presentar una acción de tutela y una medida de urgencia ante el Consejo de Estado", declaró. Por su parte, la Superintendencia Financiera, liderada por César Ferrari, participará como garante del mercado de valores. Un alto directivo del sector señaló: "Tenemos que preguntarle al superintendente cómo evitar dañar el mercado al vender esa cantidad de títulos en un corto plazo".
Riesgos para el mercado y los afiliados
Andrés Restrepo Montoya, gerente de la Bolsa de Valores de Colombia nuam, calificó el decreto como "clara y abiertamente ilegal", ya que el artículo 76 de la reforma pensional establecía que el fondo de ahorro debía invertir esos recursos. Advirtió que la liquidación de activos por ese monto distorsionará los precios y afectará principalmente a los inversionistas más pequeños. "El patrimonio de los fondos es de los afiliados; si las inversiones se golpean, su ahorro perderá valor", explicó.
El decreto, que se da en el marco de la reforma pensional aún en revisión por la Corte Constitucional, ha generado suspicacias al estar a pocas semanas de la elección presidencial. Los fondos privados sostienen que la norma incorpora elementos que no estaban en el proyecto original, mientras que el Gobierno defiende su legalidad argumentando que busca proteger el ahorro pensional de los colombianos.
