Banco de la República advierte sobre riesgos legales y financieros en traslado de pensiones
El Banco de la República ha emitido una advertencia formal sobre el proyecto de decreto del Gobierno que busca transferir más de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. El emisor señala que esta iniciativa presenta graves problemas de legalidad y podría generar riesgos significativos para los mercados financieros colombianos.
Cuestionamiento a la base legal del traslado
En un documento enviado al Ministerio del Trabajo, el Banco de la República fue contundente al afirmar que la propuesta gubernamental no se alinea con la legislación vigente. La normativa actual establece claramente que los recursos de las cuentas individuales deben continuar siendo administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta que se consolide el derecho a la pensión.
El banco central enfatizó que un traslado anticipado, como el contemplado en el decreto presentado el 25 de febrero por los ministerios de Trabajo y Hacienda, carecería de sustento legal. Esta advertencia pone el foco en una posible extralimitación del Gobierno, al intentar modificar mediante decreto lo que fue definido por el Congreso en la Ley 2381 de 2024.
Preocupaciones sobre el sistema financiero
Más allá del debate jurídico, el Banco de la República alertó sobre posibles efectos adversos en el sistema financiero colombiano. Debido al enorme volumen de la operación —superior a los 25 billones de pesos— y a la rapidez con que se pretende ejecutar (en apenas 15 días), podrían generarse implicaciones no despreciables sobre el funcionamiento de los mercados locales.
Esta preocupación se fundamenta en que las AFP mantienen una alta participación en diversos mercados financieros, por lo que un movimiento masivo de recursos podría afectar significativamente:
- La liquidez del sistema
- El comportamiento de activos financieros
- La estabilidad de los mercados de capitales
Detalles del controvertido proyecto
La iniciativa gubernamental plantea que las administradoras de fondos de pensiones —entre las que se encuentran Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia— transfieran en un plazo de 15 días los recursos de afiliados que se acogieron a la llamada "ventana de oportunidad" de la reforma pensional.
El núcleo de la controversia gira en torno a que el proyecto obligaría a trasladar no solo el capital ahorrado, sino también los rendimientos generados por los afiliados que decidieron cambiar de régimen. Según el Banco de la República, esta medida implicaría una modificación sustancial del esquema pensional vigente, algo que no puede realizarse por vía reglamentaria.
Reacciones del sector privado
El proyecto ya había despertado alertas previas en el sector privado. Asofondos, el gremio que agrupa a las administradoras de fondos de pensiones, advirtió que esta transferencia implicaría utilizar los ahorros pensionales en formas no contempladas por la ley aprobada por el Congreso.
El gremio considera que la medida abre un debate fundamental sobre los límites entre la legalidad y la administración de recursos que pertenecen directamente a los trabajadores colombianos. Esta posición refuerza las preocupaciones expresadas por el Banco de la República respecto a la seguridad jurídica del sistema pensional.
La advertencia del banco central representa un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro del sistema de pensiones en Colombia, poniendo en evidencia las tensiones institucionales que genera esta iniciativa gubernamental y sus potenciales consecuencias para la estabilidad financiera del país.
