Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) Skandia, Porvenir, Colfondos y Protección presentaron una demanda ante el Consejo de Estado contra el decreto que reglamenta el traslado de recursos de afiliados próximos a pensionarse. La demanda solicita una medida cautelar de urgencia, específicamente la suspensión provisional del decreto, sin traslado a la contraparte, argumentando que la norma podría generar efectos inmediatos e irreversibles mientras se decide su legalidad.
Detalles de la demanda
Según el apoderado judicial de las AFP, el decreto reglamenta el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, conocida como reforma pensional, que creó una “oportunidad de traslado” para afiliados cercanos a la jubilación. Sin embargo, las administradoras aseguran que el Gobierno excedió sus facultades, ya que la ley establece que los recursos de los afiliados deben seguir siendo administrados por los fondos privados hasta que se consolide la pensión, mientras que el decreto ordena su traslado en plazos de entre 15 y 30 días.
Impacto económico
Las AFP advierten sobre el impacto económico de la medida. El traslado acelerado de recursos estimados en cerca de 24,5 billones de pesos obligaría a liquidar activos en condiciones desfavorables, lo que podría generar pérdidas significativas en los portafolios de inversión y afectar el ahorro pensional de millones de afiliados. Por esta razón, solicitaron al Consejo de Estado intervenir de manera inmediata para evitar un perjuicio que califican como “cierto, grave e irreversible”, tanto para los afiliados como para el sistema pensional en su conjunto.
Contexto legal
Este polémico decreto enfrenta una lluvia de demandas. Incluso, en las últimas horas, el alto tribunal admitió para su estudio una de ellas. Las AFP esperan que la medida cautelar sea concedida para evitar daños mayores mientras se resuelve el fondo del asunto.
