Una mina de oro ubicada a menos de un metro del Batallón Rifles No. 31, en Cáceres (Antioquia), ha generado controversia tras un reportaje del New York Times. La mina, conocida como 'La Mandinga', opera desde hace al menos cuatro años y cuenta con una concesión aprobada por el gobierno de Gustavo Petro en 2024, además de una licencia ambiental de 2022.
Concesión y licencia ambiental
La licencia ambiental fue otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) el 9 de agosto de 2022 a Hermelina Isabel Cardozo Calle, para la legalización del proyecto minero denominado mina Mandinga. La Agencia Nacional de Minería (ANM) aprobó el contrato de concesión ODH-08201 el 11 de abril de 2024, firmado por la entonces vicepresidenta de contratación y titulación, Ivonne Jiménez García.
Jiménez explicó que el contrato se otorgó tras cumplir etapas regladas, donde Cardozo debió acreditar licencia ambiental previa y operaciones mineras en el terreno. El proceso proviene de un trámite de formalización de mineros ilegales antiguo, y corresponde a las autoridades ambientales y mineras hacer las verificaciones.
Denuncias del Ejército
El Ejército había alertado sobre actividades mineras presuntamente ilegales en el predio desde el 13 de diciembre de 2022, en un informe enviado a Corantioquia. En el documento, los militares señalaron ser testigos y afectados directos de la grave devastación por la extracción ilegal e informal de minerales. A pesar de las alertas, la mina continúa operando.
Vínculos con alias Macaco
El predio La Mandinga está ligado al exparamilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco. Inicialmente fue entregado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), luego a la Agencia para las Víctimas, pero las licencias aparecen a nombre de Cardozo Calle. El Fondo de Víctimas afirma que las licencias nunca les fueron consultadas.
La Unidad Investigativa de EL TIEMPO ha documentado que, pese a las inspecciones de la Unidad para Víctimas y la Procuraduría, la mina sigue funcionando. El caso evidencia las complejidades de la formalización minera en zonas de conflicto.
