Operativos conjuntos desmantelan minería ilegal en el sur del Tolima
En una acción coordinada de gran envergadura, la Policía Nacional, el Ejército y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) ejecutaron dos operativos simultáneos para frenar la minería ilegal que ha causado graves daños ambientales en municipios del sur del departamento.
Destrucción de maquinaria pesada en Ataco
En el municipio de Ataco, un operativo que contó con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía General Nacional resultó en la destrucción de 10 motores industriales, cuatro retroexcavadoras y una planta eléctrica utilizados para la extracción ilícita de oro. La intervención, que se extendió por varias horas, enfrentó resistencia de habitantes que intentaron impedirla mediante una asonada, pero las autoridades lograron controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas.
Capturas e inhabilitación de equipos en Coyaima
De manera simultánea, en la vereda Buena Vista del municipio de Coyaima, las autoridades capturaron a 12 personas e inhabilitaron ocho motores industriales empleados en actividades mineras ilegales. Según evaluaciones técnicas de Cortolima, estas operaciones generaron múltiples impactos ambientales:
- Captación ilegal de agua
- Alteración significativa del paisaje
- Modificación de la estructura del suelo
- Vertimientos contaminantes al río Chenche por uso de combustibles y lubricantes
Impacto ambiental documentado
La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, reveló que la extracción ilícita en Ataco ha afectado 232 hectáreas de bosque. Un informe de Cortolima de febrero pasado ya había advertido sobre los graves efectos de la maquinaria pesada en los ríos Atá y Saldaña, donde se han modificado cauces, incrementado la turbidez y removido el lecho fluvial, aumentando el riesgo de inundaciones y avenidas torrenciales.
Valor económico del desmantelamiento
Durante los operativos se incautaron 44 gramos de oro avaluados en 20,6 millones de pesos. Según la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional (Dicar), los puntos de extracción tenían una capacidad de producción mensual de 6.600 gramos de oro, valorados en aproximadamente 3.100 millones de pesos. La destrucción de la maquinaria representó un impacto económico de 2.900 millones de pesos para esta cadena logística ilegal.
Articulación institucional y próximos pasos
La intervención fue liderada por la Dicar en coordinación con el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales (Conaldef) y Cortolima, contando además con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y la Fiscalía General de la Nación. "Esta intervención contribuye a frenar este fenómeno e ir tras los determinadores de la deforestación en el departamento", afirmó la ministra Vélez Torres, destacando el trabajo articulado que permitió recuperar el control de la zona.
Cortolima iniciará los respectivos procesos sancionatorios tras estos operativos, que se adelantaron en cumplimiento de las acciones establecidas en la segunda mesa convocada en febrero por el Conaldef bajo la directriz de la ministra encargada.
