Colombia evita millonaria condena internacional con acuerdo estratégico con minera canadiense
Hasta hace pocos meses, una sombra de incertidumbre jurídica se cernía sobre Colombia debido a un litigio internacional de alto impacto que amenazaba con una condena de 380 millones de dólares, equivalente a más de 1,4 billones de pesos. La demandante era la reconocida minera canadiense Aris Mining, y el tribunal competente era el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el organismo arbitral más importante del mundo vinculado al Banco Mundial.
Un acuerdo en el momento justo
La tensión se disipó en noviembre pasado cuando, en una negociación confidencial, Colombia y Aris Mining alcanzaron una solución amistosa que puso fin al proceso arbitral justo antes de que el tribunal emitiera su laudo definitivo. Según Neil Woodyer, CEO de la multinacional, "el proceso arbitral se encontraba en su etapa final. Ambas partes ya habían presentado sus alegatos de cierre y el laudo definitivo estaba pendiente".
Este acuerdo llega en un contexto particular, donde el presidente Gustavo Petro ha manifestado su intención de retirar a Colombia del sistema de resolución de disputas del CIADI, que actualmente atiende la mayoría de demandas internacionales contra el país en sectores como minería, medio ambiente, tecnología y servicios ciudadanos.
Orígenes del conflicto y términos del acuerdo
La demanda se originó en 2018 cuando Gran Colombia Gold (ahora integrada en Aris Mining) alegó ante el CIADI que decisiones oficiales colombianas afectaron la estabilidad jurídica de sus títulos mineros y el desarrollo de sus proyectos en Marmato (Caldas) y Segovia (Antioquia), dos de los distritos auríferos más importantes del país.
La empresa argumentó que medidas relacionadas con la formalización de la minería tradicional, restricciones operativas y la intervención estatal en zonas donde coexistían títulos empresariales con actividades históricas de pequeños mineros redujeron el valor de su inversión y vulneraron compromisos del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá.
El acuerdo alcanzado establece:
- Marco de cooperación a 10 años supervisado por un comité de seguimiento con representantes del Estado y la multinacional
- Resolución sin compensación económica entre las partes, lo que según Woodyer "refleja un resultado equilibrado"
- Impulso a estrategias para la formalización minera y desarrollo territorial sostenible en Marmato
- Compromiso estatal de destinar efectivos de la Fuerza Pública para protección de proyectos mineros privados
- Mecanismos de cooperación con la Fiscalía General para trámite prioritario de denuncias penales de la compañía
- Articulación con autoridades ambientales para fortalecer cumplimiento de regulación minera
Desafíos en la implementación
Llevar este acuerdo del papel a la realidad presenta desafíos significativos. En Marmato, las tensiones entre la población local y las mineras extranjeras han sido constantes, especialmente en la parte alta del cerro El Burro, donde mineros tradicionales que operaron durante décadas aseguran haberse sentido desplazados por la multinacional.
Desde la región se estima que cerca de 5.000 familias dependen de la minería artesanal en estos cerros, y que la operación de empresas con maquinaria de gran escala ha puesto en riesgo su sustento. Esta situación llevó a que en 2017 la Corte Constitucional suspendiera la actividad de Gran Colombia Gold hasta que se realizara un proceso de consulta previa con las comunidades.
Woodyer destacó que "el acuerdo incorpora compromisos concretos en materia de formalización minera, sostenibilidad ambiental y desarrollo territorial, particularmente en Marmato. Esto incluye acciones coordinadas con autoridades ambientales locales como Corpocaldas, orientadas a fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de las regulaciones ambientales y mineras en el municipio".
Implicaciones para la inversión extranjera
Según la empresa, este acuerdo representa una señal positiva para la inversión extranjera en Colombia. "Es posible resolver disputas complejas a través del diálogo, incluso en etapas avanzadas de un arbitraje, mediante mecanismos de negociación que fortalecen la seguridad jurídica y promueven prácticas empresariales responsables", concluyó Woodyer.
El expediente arbitral muestra que Aris Mining había invertido más de 700 millones de dólares para adquirir y desarrollar su proyecto minero en Colombia, incluidos los proyectos de Marmato y Segovia, mediante la construcción y mejora de infraestructura en sus áreas mineras y en los municipios vecinos.
El verdadero reto será implementar lo pactado en terreno, en medio de una comunidad que en los últimos años ha cuestionado la presencia de multinacionales canadienses, y que ahora observa cómo estas empresas asumen compromisos para avanzar en la formalización minera en la región bajo un nuevo marco de cooperación con el Estado colombiano.
