Ministro de Hacienda plantea impuesto al patrimonio para empresas en medio de emergencia invernal
En una reunión del consejo de ministros realizada en Córdoba, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, presentó una propuesta que impactaría directamente a aproximadamente 15.000 empresas colombianas. La medida consiste en la implementación de un impuesto al patrimonio dirigido específicamente a personas jurídicas, con el objetivo de recaudar $8 billones para enfrentar la grave emergencia invernal que afecta a varias regiones del país.
Detalles de la propuesta fiscal
La iniciativa, que sería aplicada mediante un decreto, busca declarar una emergencia económica debido a la crítica situación climática. Germán Ávila explicó que los recursos obtenidos se destinarían exclusivamente a la atención de las consecuencias del invierno, particularmente en departamentos como Córdoba, donde se registran daños significativos en infraestructura y agricultura.
El ministro enfatizó que esta medida es temporal y extraordinaria, justificada por la urgencia de financiar acciones de mitigación y reconstrucción. La recaudación de $8 billones permitiría al gobierno nacional:
- Atender las necesidades inmediatas de las comunidades afectadas
- Reparar infraestructura vial y de servicios públicos dañada
- Implementar sistemas de prevención para futuros eventos climáticos
- Apoyar a los sectores productivos más golpeados por las lluvias
Contexto de la emergencia invernal
La situación climática en Colombia ha alcanzado niveles críticos, con departamentos como Córdoba experimentando inundaciones y deslizamientos que han afectado a miles de familias. La declaratoria de emergencia económica busca agilizar los procesos de asignación de recursos y ejecución de obras, evitando las demoras burocráticas habituales.
El consejo de ministros, reunido en la zona afectada, analizó alternativas de financiamiento antes de optar por el impuesto al patrimonio empresarial. Según fuentes gubernamentales, esta opción fue considerada la más viable para obtener los fondos necesarios en el corto plazo, sin afectar significativamente las finanzas públicas nacionales.
La propuesta ha generado reacciones mixtas en el sector empresarial, mientras que organizaciones sociales han manifestado su apoyo, siempre que los recursos se destinen efectivamente a las comunidades afectadas. El gobierno asegura que establecerá mecanismos de transparencia y control para garantizar el uso adecuado de los fondos.
