Impuesto al patrimonio empresarial genera alertas por su impacto económico
El Centro de Pensamiento Económico (Anif) ha emitido un informe detallado sobre las consecuencias del nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas, establecido mediante el decreto 0173 de 2026 en el marco de la Emergencia Económica, Ecológica y Social. Esta normativa, que busca aumentar el recaudo fiscal, aplica a sociedades con patrimonio líquido igual o superior a 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalente a aproximadamente $10.475 millones.
Tarifas diferenciales y sectores afectados
La regulación establece una tarifa general del 0,5% para la mayoría de las empresas, pero introduce una tarifa diferencial significativamente mayor del 1,6% para sectores específicos. Los sectores financiero y extractivo serían los más afectados por esta tasa elevada, mientras que se contemplan exclusiones para empresas del sector salud y de servicios públicos domiciliarios en zonas afectadas, las cuales quedarían exentas del gravamen.
Anif destaca que este tipo de medidas son poco comunes a nivel internacional, ya que actualmente solo cinco países mantienen alguna modalidad de impuesto al patrimonio empresarial. En todos los casos, las tarifas son relativamente bajas —inferiores al 1%— y de alcance específico, lo que evidencia que se trata de un instrumento poco extendido y generalmente transitorio.
Recaudo potencial y distribución sectorial
Según los cálculos de Anif, basados en información empresarial a nivel de firma proveniente de la plataforma EMIS y proyecciones actualizadas al primer trimestre de 2026, el recaudo potencial estimado asciende a $6,3 billones. De esta cifra, $4,1 billones (65%) provendrían de los sectores sujetos a la tarifa diferencial del 1,6%, mientras que los $2,2 billones restantes (35%) corresponderían a aquellos gravados con la tarifa general del 0,5%.
Para evitar doble conteo, en los grupos empresariales se excluyeron las subsidiarias en los cálculos. Esta metodología revela claramente que los sectores gravados con la tasa más alta son los que generarían mayor recaudo, lo que según Anif podría interpretarse como una medida de discriminación sectorial.
Implicaciones económicas de fondo
El informe advierte que este impuesto tiene implicaciones económicas significativas, ya que al gravar el nivel de capital, se encarece la acumulación de activos productivos y se desincentiva la expansión de las empresas. En un contexto de relocalización de capitales y mayor competencia en términos de rentabilidad, este gravamen envía una señal negativa a inversionistas extranjeros, que podrían reducir su apetito por invertir en Colombia debido a un marco tributario menos conveniente.
Anif emite una alerta específica sobre este punto, señalando que "no es claro cómo ese costo está relacionado con la emergencia económica", lo que refuerza la percepción de discriminación sectorial. La entidad subraya que Colombia atraviesa una crisis de inversión preocupante, donde la formación bruta de capital fijo se ha reducido dramáticamente: de representar cerca del 24% del Producto Interno Bruto en 2015, pasó a tan solo 16% en 2025.
Recomendaciones y perspectivas futuras
Si bien el impuesto al patrimonio puede representar una fuente importante de recaudo en el corto plazo, sus implicaciones económicas no son menores. Anif puntualiza que "medidas como estas deterioran la competitividad del país en la atracción de capital" y recomienda avanzar en el diseño de incentivos para la creación de activos productivos que permitan impulsar el crecimiento de largo plazo.
El centro de pensamiento económico concluye que, aunque el recaudo estimado es considerable, el costo económico potencial podría superar los beneficios, especialmente considerando el actual contexto de baja inversión y la necesidad de mejorar la competitividad nacional frente a otros destinos de inversión internacional.
