Consejo Gremial propone suspensión temporal del impuesto al patrimonio empresarial
La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, ha realizado un llamado urgente para suspender temporalmente los efectos del decreto que establece el impuesto al patrimonio para empresas, mientras se adopta una decisión definitiva sobre su legalidad y alcance. Esta medida se produce ante la inminente fecha del 4 de mayo, cuando vence el pago de la segunda cuota de este tributo.
Impacto económico y preocupaciones empresariales
Gutiérrez manifestó que existe una "tendencia preocupante" en la declaración de emergencias económicas sin suficiente sustento, las cuales se utilizan para imponer decisiones con alto impacto económico y social. El impuesto afecta a empresas y sociedades con patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT, equivalente aproximadamente a $10.474 millones, según el cálculo de la primera cuota pagada el 1 de abril.
En sus declaraciones públicas, la dirigente gremial advirtió que gravar el patrimonio de las compañías tiene efectos directos sobre la dinámica productiva nacional:
- Reduce la capacidad de inversión empresarial
- Frena decisiones de expansión y crecimiento
- Afecta negativamente la contratación de personal
- Pone en riesgo la estabilidad del empleo
Consecuencias jurídicas y contexto económico adverso
Gutiérrez alertó sobre las posibles consecuencias para empresas que no han logrado cumplir con el pago mientras adelantan acciones legales: "Más grave aún, podrían iniciarse acciones contra empresas que no han podido pagar, incluso cuando han acudido a la justicia. El riesgo deja de ser individual y se vuelve sistémico".
La presidenta del Consejo Gremial contextualizó esta situación dentro de un escenario económico complejo caracterizado por:
- Restricciones fiscales significativas
- Señales de menor confianza inversionista
- Rebaja en la calificación crediticia del país por agencias como Standard & Poors
- Niveles preocupantes de déficit fiscal y déficit primario
Llamado a la Corte Constitucional y perspectivas futuras
Finalmente, Gutiérrez hizo un llamado explícito a la Corte Constitucional para que evalúe el impacto de esta medida tributaria y adopte decisiones antes de que se produzcan efectos mayores sobre el sector empresarial colombiano. "La Corte Constitucional ha defendido las instituciones y su papel ha sido clave en la coyuntura actual. Colombia no puede normalizar la excepción ni poner en riesgo su aparato productivo", afirmó la dirigente gremial.
Este pronunciamiento se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre el clima de inversión en el país y las posibles repercusiones de medidas fiscales consideradas por algunos sectores como desestimulantes para la actividad económica. La primera cuota de este impuesto, correspondiente al período anterior, ya fue pagada por las empresas afectadas, marcando el inicio de una polémica implementación que ahora enfrenta cuestionamientos desde el sector gremial organizado.
