La Dian no investiga por pedir devoluciones, sino por inconsistencias en la información
El temor a la Dian sigue presente en muchas empresas colombianas, especialmente al solicitar devoluciones de impuestos. Sin embargo, expertos aclaran que el verdadero riesgo no está en el trámite, sino en los errores en la información reportada, que pueden activar alertas en la autoridad tributaria.
Juan Carlos Arbeláez Mesa, socio director de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co S.A.S., explicó que las inconsistencias en la información tributaria, y no el simple hecho de pedir devoluciones, son las que pueden llevar a la Dian a poner bajo revisión a las empresas. Errores en datos, diferencias en reportes y señales de riesgo son los verdaderos detonantes de control.
El experto señaló que persiste la creencia de que solicitar devoluciones de saldos a favor, especialmente de IVA, activa automáticamente procesos de fiscalización. No obstante, aclaró que esta percepción “no tiene sustento jurídico” y puede llevar a decisiones financieras equivocadas, como renunciar a recursos que legalmente se pueden recuperar.
La devolución de saldos a favor es un derecho reconocido en el Estatuto Tributario, por lo que ejercerlo no genera investigaciones ni procesos sancionatorios. La discusión, entonces, se centra en la calidad de la información que respalda las operaciones reportadas ante la Dian.
Factores que activan controles de la Dian
El análisis identifica varios factores que elevan el nivel de revisión por parte de la Dian. Entre ellos se encuentran solicitudes con montos atípicos frente al historial del contribuyente, así como inconsistencias entre el IVA solicitado y la información exógena reportada por proveedores, lo que genera alertas en los sistemas de control.
También se consideran señales de riesgo cuando los proveedores presentan inconsistencias en el Registro Único Tributario (RUT), como ser considerados ficticios, estar cancelados o tener antecedentes de incumplimiento. A esto se suman diferencias materiales entre el IVA descontable declarado y los soportes de facturación electrónica, lo que puede generar cuestionamientos sobre la validez de los datos.
Arbeláez enfatizó que “no es la solicitud lo que genera el problema, es la existencia de señales objetivas de inconsistencia”. La Dian activa sus mecanismos de control con base en cruces de información y matrices de riesgo, independientemente de que se haya solicitado o no una devolución.
Verificación de la Dian no es una investigación tributaria
Cuando una empresa presenta una solicitud de devolución, la Dian realiza una verificación previa del saldo. Este procedimiento es parte del trámite ordinario y tiene como objetivo confirmar que el monto solicitado existe, está correctamente liquidado y cuenta con los soportes necesarios.
El experto aclaró que esta revisión “no es una investigación tributaria ni la apertura de un proceso sancionatorio”, sino un control técnico para garantizar la consistencia de la información. La diferencia es clave, ya que la autoridad tributaria cumple funciones de verificación sin que ello implique necesariamente una actuación punitiva.
Esta distinción es relevante en un entorno donde muchas empresas optan por no solicitar devoluciones por temor a ser investigadas. Sin embargo, el verdadero riesgo está en la información inconsistente, no en el ejercicio del derecho tributario.
No pedir devoluciones impacta la caja de las empresas
Abstenerse de solicitar devoluciones tiene efectos financieros concretos. Mantener saldos a favor sin reclamar implica un costo directo, ya que esos recursos dejan de generar rentabilidad y afectan el capital de trabajo. Además, existe el riesgo de prescripción, lo que significa que no reclamar a tiempo puede llevar a la pérdida definitiva del derecho.
En empresas con saldos acumulados significativos, este factor puede impactar el flujo de caja y la sostenibilidad financiera a corto plazo. Por ello, solicitar la devolución es una decisión responsable de gestión financiera. La recomendación es preparar adecuadamente la solicitud, verificando la validez de las facturas electrónicas, la situación de los proveedores y la consistencia entre la contabilidad y las declaraciones presentadas.
