Estrictos controles para el nuevo impuesto al patrimonio destinado a emergencia invernal
El inicio del año 2026 ha estado marcado por una intensa ola invernal que ha causado graves estragos en departamentos como Córdoba, Chocó, La Guajira y Antioquia. Ante esta situación crítica, el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, marco bajo el cual se expidió el Decreto 173 de 2026.
Un impuesto excepcional con destino específico
Esta normativa establece un nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas, sociedades de hecho y sucursales de entidades extranjeras cuyos activos superen los $10.400 millones. El objetivo principal es recaudar aproximadamente $6,8 billones que serán destinados exclusivamente a la atención de damnificados y la reconstrucción de infraestructura afectada por las lluvias.
Al tratarse de una medida excepcional, el destino de estos recursos no está sujeto al manejo ordinario del presupuesto nacional, sino que cuenta con un esquema de vigilancia riguroso y múltiples capas de control.
El primer filtro: la Corte Constitucional
El primer y más importante mecanismo de control es el ejercido por la Corte Constitucional, que realiza un control automático de legalidad sobre el decreto. El alto tribunal ya ha solicitado al Gobierno una rendición de cuentas detallada para verificar que el dinero se use únicamente para mitigar la crisis climática.
El abogado Fabio Humar advirtió que, aunque el impuesto se considera "anti técnico" por gravar activos sin medir la liquidez, las empresas están obligadas a pagar mientras la ley esté vigente. "Por ahora, las empresas y entidades destinadas a pagar lo deben hacer. La ley que impuso esos tributos está vigente y se debe cumplir", aseguró Humar, quien espera un pronunciamiento rápido de la Corte.
Vigilancia de los órganos de control
La Contraloría General de la República ha recibido solicitudes de diversos sectores para activar un seguimiento en tiempo real, buscando evitar que los fondos se pierdan en la cadena de contratación regional durante esta emergencia.
El abogado Ramiro Bejarano insistió en que "los entes de control deben velar porque los recursos no sean destinados y que las sumas que se pretenden recaudar como consecuencia de la emergencia económica lleguen a sus destinos".
Prevención de desvíos electorales
Hernando Herrera, de la Corporación Excelencia en la Justicia, recordó que la Procuraduría y la Contraloría no deben ser "convidados de piedra" y deben vigilar que el dinero no termine financiando campañas políticas. "Entre tanto la Corte se pronuncie, es necesario vigilar que esos recursos se utilicen de manera debida, únicamente para aquello que está llamado a conjurar la crisis", indicó Herrera.
Mecanismo de ejecución específico
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional han asegurado que estos recursos no ingresarán a la "bolsa general" del presupuesto, sino que se ejecutarán a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) bajo la etiqueta específica de "Emergencia 2026".
El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, explicó que aunque existe desconfianza ciudadana sobre el manejo de dineros públicos en periodos electorales, la ejecución de gran parte de estos recursos se daría incluso bajo el próximo gobierno, dado que a la actual administración le restan cuatro meses. "La única garantía de que las cosas se hagan bien es tener gente decente al frente del Estado", señaló Carrillo.
Control político del Congreso
En el ámbito legislativo, el Congreso de la República ejerce el control político pues el Ejecutivo tiene la obligación de presentar informes detallados sobre la ejecución de cada peso recaudado. Este mecanismo complementa los controles judiciales y administrativos ya establecidos.
La Corte Constitucional ha dejado claro que si detecta que los recursos se desvían hacia gastos de funcionamiento o pago de deudas antiguas, el decreto podría ser declarado inconstitucional, lo que añade una capa adicional de presión para el correcto manejo de los fondos.
