Hacienda libera recursos para reactivar pagos congelados en el sector de infraestructura
El Ministerio de Hacienda ha dado un paso crucial al destrabar COP 300.000 millones dentro del Plan Anualizado de Caja (PAC), iniciando así una cadena de pagos que permanecía congelada durante varios meses. Esta decisión permitirá que el Instituto Nacional de Vías (Invías) comience a cancelar las obligaciones financieras acumuladas con constructores, consultores e interventores desde el segundo semestre de 2025, las cuales ya superaban los COP 600.000 millones.
Un alivio inmediato para el sector
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) recibió esta medida como un respiro concreto para las empresas que enfrentaban severas presiones de liquidez. "Esta decisión constituye un alivio concreto para las empresas que enfrentaban presiones de liquidez por pagos pendientes de obras ejecutadas", afirmó María Consuelo Araújo, presidenta de la CCI. Además, destacó que "envía una señal clara de confianza en el cumplimiento de las obligaciones del Estado", marcando el inicio de la normalización en los desembolsos.
Durante los últimos meses, la confianza en el sistema se había erosionado significativamente debido a:
- Contratos en ejecución sin flujo de caja adecuado.
- Interventorías que presentaban actas mensuales sin recibir los pagos correspondientes.
- Empresas obligadas a financiar operaciones con créditos bancarios mientras esperaban giros que no llegaban.
A principios de este año, las cuentas pendientes ya superaban los COP 400.000 millones, según investigaciones periodísticas, con facturas acumuladas durante casi un año completo. El problema radicaba en la falta de PAC: aunque los pagos estaban técnicamente aprobados, no existía caja habilitada para ejecutarlos.
Impacto limitado pero significativo
El nuevo cupo aprobado cubre aproximadamente la mitad de la deuda total, pero su impacto es trascendental. Permite que el sistema financiero del sector vuelva a respirar, otorgando al Invías el margen necesario para comenzar a cancelar obligaciones y destrabar parcialmente proyectos que avanzaban con extrema dificultad.
Esta situación no es aislada. En 2025, el sector transporte registró la peor ejecución presupuestal del Estado, con apenas un 46,3% de los COP 15,67 billones asignados. Cerca de un billón de pesos quedaron sin utilizar mientras decenas de obras clave avanzaban a ritmos mínimos.
La CCI había alertado previamente que seis de cada diez proyectos del Invías presentaban avances inferiores al 20%, un rezago que inevitablemente se tradujo en problemas de caja. Ya en febrero del año pasado, se había estructurado un plan de pagos por más de COP 1 billón para evitar la parálisis total de proyectos viales.
Llamado a la estabilidad normativa
María Consuelo Araújo insistió en la necesidad crítica de "preservar reglas de juego claras y estables", condición fundamental para mantener la confianza de inversionistas y empresas del sector. La presión financiera, aunque en menor escala que episodios anteriores, vuelve a poner en evidencia los desafíos estructurales en la ejecución presupuestal de infraestructura en Colombia.
Este desbloqueo de recursos representa un primer paso hacia la normalización, pero deja en evidencia la urgencia de mecanismos más eficientes para garantizar la fluidez en los pagos y evitar que se repitan estos cuellos de botella que afectan la productividad y sostenibilidad del sector constructor nacional.
