Banco de la República advierte ilegalidad en traslado de ahorros pensionales a Colpensiones
El pulso entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y las instituciones financieras por el traslado de ahorros pensionales a Colpensiones ha escalado a un nuevo nivel de tensión institucional. En una carta dirigida al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, el Banco de la República emitió una advertencia contundente: esta medida carecería completamente de sustento legal y sobrepasaría las facultades reglamentarias del Ejecutivo.
El proyecto de decreto y su controversia jurídica
Según el proyecto de decreto publicado el pasado 24 de febrero, el Gobierno pretende obligar a los fondos privados de pensiones (AFP) a transferir en un plazo máximo de 15 días hábiles la totalidad de los ahorros de quienes se acojan a la denominada 'ventana de traslado' incluida en la reforma pensional. Esta ventana permite que mujeres con más de 750 semanas y hombres con más de 900 semanas cotizadas puedan cambiar de régimen si les faltan menos de 10 años para alcanzar la edad de jubilación.
Sin embargo, el Banco de la República es enfático al señalar que el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 establece claramente en su parágrafo que los ahorros de estas personas "seguirán siendo administrados por las AFP hasta el momento en que se consolide la pensión". El Emisor insiste en que cualquier traslado anticipado de recursos hacia Colpensiones no se encuentra autorizado por la legislación vigente y constituiría un exceso en las atribuciones gubernamentales.
Alerta por impacto en los TES y estabilidad financiera
Más allá del debate jurídico, el Banco de la República lanzó una alerta preocupante sobre las consecuencias prácticas de mover más de 25 billones de pesos en un lapso tan reducido. Dado que las AFP mantienen la mayor parte de estos recursos invertidos en títulos de deuda pública (TES), una liquidación masiva y apresurada de estos activos "podría tener implicaciones no despreciables sobre el funcionamiento de los mercados locales".
En términos concretos, el Emisor advierte al Ministerio del Trabajo que este traslado forzoso podría poner en riesgo la estabilidad del mercado de deuda de Colombia, generando potenciales efectos adversos sobre:
- Los precios de los títulos de deuda pública
- La capacidad de financiamiento del Estado
- La confianza de los inversionistas internacionales
- El costo del crédito para el sector privado
El contexto de la suspensión constitucional
El Banco de la República también recordó que la Corte Constitucional, mediante el Auto A-841 de junio de 2025, suspendió la mayoría de los efectos de la reforma pensional mientras decide sobre su fondo constitucional. En este escenario de incertidumbre jurídica, y ante la imposibilidad de poner en marcha el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo debido a dicha suspensión, el Emisor considera que lo más responsable es mantener la administración de estos recursos en manos de los fondos privados hasta que el trabajador efectivamente se pensiona.
La posición del Banco de la República representa un nuevo capítulo en el complejo debate sobre el futuro del sistema pensional colombiano, donde las consideraciones jurídicas, financieras y de estabilidad económica se entrelazan en un delicado equilibrio institucional.
