Ministro de Minas y Energía pone en duda efectividad del cargo por confiabilidad
En medio de las crecientes preocupaciones por el suministro eléctrico ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha reavivado un polémico debate sobre el controvertido cargo por confiabilidad.
El alto funcionario respondió directamente a una publicación de Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, quien abordaba la participación de las distintas fuentes de energía durante períodos de sequía. En su intervención, Palma reveló cifras impactantes: desde su creación en 2006, el pago acumulado del cargo por confiabilidad ha alcanzado la astronómica suma de $96 billones.
Cuestionamientos a la efectividad del mecanismo
El ministro puso seriamente en entredicho la efectividad real de este cargo que, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), está diseñado específicamente para asegurar el suministro eléctrico en escenarios de extrema escasez, como los que genera el fenómeno de El Niño.
"A diciembre de 2025 se pagaron $96 billones, $12 billones de ellos al parque térmico de carbón. Equivale a casi nueve Hidroituangos. Solo en 2025 fueron $6,43 billones en cargo por confiabilidad, $3,2 billones al parque térmico y $866.000 millones al carbón", detalló Palma con precisión.
Este mecanismo financiero es pagado directamente por los usuarios finales a las empresas generadoras de energía, con el objetivo declarado de respaldar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y prevenir apagones generalizados durante períodos críticos.
Revisión estructural en marcha
El jefe de la cartera ministerial señaló que actualmente se avanza en una revisión estructural integral del Cargo por Confiabilidad, con el propósito fundamental de que este mecanismo responda verdaderamente a sus objetivos originales, proteja adecuadamente a los usuarios y acompañe de manera efectiva la transición energética que experimenta el país.
No se trata de la primera vez que el Gobierno Nacional sugiere modificaciones sustanciales a este esquema. El año pasado ya se había propuesto delimitar con mayor claridad quiénes tienen derecho real a recibir estos pagos por confiabilidad.
En aquella oportunidad, las autoridades señalaron que de los $6,2 billones que los usuarios pagan anualmente por este concepto, podría lograrse una reducción superior al 50% mediante ajustes y controles más estrictos.
Un llamado al próximo Congreso
Palma concluyó su intervención con un mensaje contundente dirigido al sector energético y a la clase política: "El gobierno ya casi acaba, pero los usuarios no olvidan que pagan este sobrecargo para que Ustedes garanticen confiabilidad que en muchas ocasiones no han garantizado. Ojalá el próximo congreso mantenga vivo este debate".
Esta declaración subraya la urgencia de mantener la discusión sobre la eficiencia y transparencia de los mecanismos que financian la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano, especialmente ante los desafíos climáticos que se avecinan.
