La reforma laboral de Milei: ocho puntos que transformarían las relaciones laborales en Argentina
El gobierno nacional de Javier Milei dará este miércoles un paso crucial hacia la transformación del mundo laboral argentino con una reforma que promete modernizar las relaciones laborales y aumentar la formalidad. Sin embargo, esta iniciativa llega cargada de polémica y enfrenta una fuerte oposición de sindicatos y legisladores peronistas, quienes la califican como inconsulta y regresiva en términos de derechos adquiridos.
Resistencia sindical y movilizaciones
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha fijado un plan de lucha que comienza con una movilización este miércoles y promete continuar cuando el tratamiento se dé en la Cámara de Diputados. Desde la central obrera insisten en que "la solución no es gremial, es política", manteniendo la esperanza de que el proceso legislativo no sea tan sencillo como pretende el gobierno.
Un diputado peronista comentó con dureza sobre la posición sindical: "En parte es una forma de justificar su debilidad relativa, porque es verdad que no tienen fuerza para frenarlo desde lo sindical, porque el movimiento obrero organizado no tiene la misma fuerza que otras épocas".
Los ocho puntos centrales de la reforma
1. El regreso de los tickets canasta: El proyecto habilita nuevamente los vales alimentarios como beneficios sociales "no remunerativos", sin aportes previsionales ni incidencia en aguinaldo o indemnizaciones. El gobierno argumenta que un sistema "actualizado y transparente" incentivaría la formalización laboral, mientras los sindicatos temen que se repita un esquema de segmentación salarial.
2. Límites a la actividad gremial: Se regulan estrictamente las asambleas de trabajadores, requiriendo autorización previa del empleador y estableciendo que los trabajadores no devengarán salarios durante su realización. Además, se imponen restricciones a las medidas de fuerza que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran.
3. El fin de la ultraactividad: Esta medida supondría que los Convenios Colectivos de Trabajo perderían vigencia automática al vencer su plazo, obligando a los gremios a renegociarlos antes de una fecha límite o perder todo lo conseguido, pasando a regirse por la Ley de Contratos de Trabajo.
4. Vacaciones fragmentadas: La propuesta amplía el margen de otorgamiento y habilita fraccionar las vacaciones en bloques de una semana como mínimo, permitiendo un uso más escalonado del descanso adaptado a la dinámica productiva.
5. Extensión del período de prueba: El proyecto duplica el período de prueba de tres a seis meses para la mayoría de los trabajadores, y lo extiende a ocho meses para trabajadores agrarios. Durante este lapso, el empleador podrá despedir sin indemnización y sin expresión de causa.
6. Condenas laborales en cuotas: Se habilita al juez a autorizar el pago de sentencias laborales en hasta doce cuotas mensuales consecutivas, con una excepción para micro y pequeñas empresas que podrán pagar en hasta dieciocho cuotas.
7. Indemnizaciones en cuotas: Similar al punto anterior, el empleador quedará facultado a abonar la indemnización por despido en un plan de hasta doce cuotas mensuales, sin necesidad de acuerdo previo con el trabajador.
8. Topes en el cálculo indemnizatorio: Se establece un límite de diez años de antigüedad computable para el cálculo de indemnizaciones y se reemplaza el criterio de "mejor remuneración" por un salario promedio, lo que modifica sustancialmente el monto final a percibir.
Impacto y perspectivas
La combinación de estos cambios -particularmente el pago en cuotas de indemnizaciones y la modificación en los criterios de cálculo- genera preocupación entre los trabajadores, ya que reduce montos y posterga cobros en un contexto inflacionario complejo. El gobierno insiste en que estas medidas modernizarán el mercado laboral y promoverán la formalización, mientras la oposición advierte sobre el deterioro de derechos históricamente conquistados.
El proyecto llega al Senado cargado de incertidumbre, con cambios inesperados que podrían surgir durante el debate parlamentario. Lo que parece claro es que, más allá del resultado legislativo, la reforma laboral de Milei ha abierto un nuevo capítulo en la conflictividad social argentina, con sindicatos dispuestos a utilizar todas las herramientas disponibles -desde la movilización callejera hasta la judicialización- para resistir lo que consideran un retroceso histórico en derechos laborales.
