Gobierno Nacional formalizará a miles de recicladores con acceso integral a seguridad social
El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio del Trabajo, dio un paso histórico en la protección social de los trabajadores informales al expedir el Decreto 0271 del 17 de marzo de 2026, que crea la Red de Protección Social para la Vida de las personas recicladoras de oficio en Colombia.
Cuatro pilares fundamentales para la protección integral
La nueva normativa establece cuatro componentes esenciales que transformarán la realidad de miles de recicladores en todo el país:
- Acceso garantizado a salud: Se asegura la permanencia o ingreso al régimen subsidiado en salud para quienes no tengan capacidad de pago, eliminando barreras de acceso al sistema de salud colombiano.
- Afiliación al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión (PSAP): Dirigido específicamente a trabajadores independientes con bajos ingresos, este programa permitirá a los recicladores comenzar a construir su futuro pensional.
- Incorporación a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS): Mecanismo voluntario administrado por Colpensiones que permitirá a los recicladores generar ingresos durante su vejez, con la particularidad de que las organizaciones podrán aportar hasta el 5% del ingreso mensual sin afectar su carácter voluntario.
- Protección contra riesgos laborales: Se establece la afiliación obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales, cuya responsabilidad recaerá en las organizaciones de recicladores, sin que esto implique una relación laboral formal.
Base legal y principios constitucionales
El decreto se fundamenta en principios constitucionales fundamentales como la dignidad humana, el derecho al trabajo en condiciones dignas y la universalidad de la seguridad social. Además, recoge y desarrolla los lineamientos establecidos en la Ley 2232 de 2022 y la Ley 2294 de 2023, que promueven activamente la formalización e inclusión socioeconómica de los recicladores dentro del programa Basura Cero.
Implementación gradual y censo actualizado
La normativa aplicará específicamente a recicladores de oficio que operan como trabajadores independientes y que estén asociados a organizaciones dedicadas a la actividad de aprovechamiento de residuos. También involucra directamente a entidades territoriales, al sistema de seguridad social en su conjunto y a los organismos encargados de la supervisión y regulación sectorial.
Un aspecto crucial de la implementación será la actualización y reporte del censo de recicladores por parte de las entidades territoriales, información que servirá como base fundamental para la afiliación efectiva a los distintos componentes del sistema de protección social.
Financiamiento sostenible y protección de ingresos
En materia de financiamiento, los aportes estarán respaldados por los ingresos generados en la actividad de aprovechamiento dentro del servicio público de aseo y otras actividades comerciales desarrolladas por las organizaciones de recicladores. El decreto establece explícitamente la prohibición de descontar directamente estos aportes del ingreso personal de los recicladores, garantizando así que la protección social no afecte negativamente sus recursos inmediatos.
Calendario de implementación
El decreto entrará en vigencia el 1 de julio de 2026, fecha que permitirá realizar todos los ajustes regulatorios, tecnológicos y operativos necesarios para garantizar una implementación correcta y efectiva. Este período de preparación incluirá la adecuación de sistemas informáticos, la capacitación de funcionarios y la socialización exhaustiva con las organizaciones de recicladores en todo el territorio nacional.
Esta medida representa un avance significativo en la política de formalización laboral del gobierno Petro, extendiendo por primera vez de manera sistemática la protección social a un sector históricamente marginado y esencial para la economía circular del país.
