La Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la dirección de Nini Johanna Castañeda Quintero, anunció este miércoles 14 de mayo la apertura de investigaciones formales sobre el proceso de traslado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas hacia Colpensiones. La medida busca determinar las razones por las cuales dichos traslados no se han materializado en los términos previstos por la normativa vigente y a la luz de las recientes decisiones judiciales que han complicado el panorama.
Billones en vilo y más de 32.000 afiliados en espera
Las cifras que rodean este caso le dan una dimensión crítica al asunto. El monto total de los recursos pendientes de traslado asciende a 8,7 billones de pesos colombianos, capital que corresponde a 32.803 afiliados que ya consolidaron su derecho pensional tras haberse acogido a la posibilidad de pasar del régimen de ahorro individual al de prima media.
De ese universo de personas, 24.331 ya están recibiendo su mesada directamente por parte de Colpensiones, aunque el traslado total y definitivo del capital aún no se ha completado. De acuerdo con el Ejecutivo, tan solo el 5 por ciento de los recursos globales ha surtido el proceso de manera íntegra.
La Superfinanciera precisó que el Decreto 415 de 2026 había establecido las condiciones y plazos para ejecutar estos movimientos de dinero, pero que dicha norma se encuentra actualmente suspendida por dos autos proferidos por el Consejo de Estado, el primero, del 28 de abril, y el segundo, del 11 de mayo de 2026. La entidad señaló que las investigaciones anunciadas permitirán adoptar las decisiones que legalmente correspondan para proteger los derechos de los consumidores financieros y velar por la estabilidad del sistema pensional del país.
Petro ordenó la investigación y acusó a la banca privada
La apertura de estas indagaciones no surgió de manera espontánea. Ocurrió horas después de una instrucción directa que Gustavo Petro impartió durante el más reciente Consejo de Ministros, en el que arremetió con dureza contra las administradoras privadas.
El mandatario llegó a sugerir que, al frenar los traslados, se podría estar incurriendo en el delito de prevaricato y acusó a los propietarios de la banca privada de intentar apropiarse de los ahorros de los trabajadores. En sus palabras, la ley que rige la transición entre regímenes pensionales ordena devolver el ahorro del trabajador al fondo que este elija libremente, razón por la cual, según Petro, no existe argumento jurídico válido que justifique la retención de esos recursos.
El presidente fue enfático al señalar que esa conducta no puede quedar encubierta bajo ninguna figura legal.
La Superfinanciera actúa dentro de sus funciones
La Superfinanciera, por su parte, fue cuidadosa al enmarcar su actuación dentro de sus funciones ordinarias de supervisión del sistema financiero y en el cumplimiento de las indicaciones del jefe de Estado. La investigación deberá esclarecer si las AFP actuaron dentro de la legalidad al no ejecutar los traslados en los plazos previstos o si, por el contrario, incurrieron en alguna falla que afecte los derechos de los afiliados que esperan ver completado su paso a Colpensiones.
Se estima que una persona que aspira a una pensión de salario mínimo debe ahorrar al menos 330 salarios mínimos. Más de 2,1 millones de personas reciben pensión en Colombia.
