La alarmante expansión de la deuda pública colombiana
Colombia enfrenta una de las situaciones fiscales más complejas en décadas debido a los elevados niveles de déficit y gasto público, lo que ha llevado la deuda del Gobierno de Gustavo Petro a niveles récord sin precedentes. La preocupación por las cuentas fiscales se intensifica mientras los analistas advierten sobre riesgos crecientes para la estabilidad económica nacional.
Crecimiento acelerado y cifras preocupantes
El saldo de la deuda pública total se ubicaba en 805 billones de pesos en agosto de 2022, fecha en que se posesionó el mandatario actual. Para diciembre de 2025, esta cifra había escalado hasta 1.194 billones de pesos, representando un aumento del 48% equivalente a aproximadamente 389 billones de pesos adicionales. Este crecimiento sostenido significa que la deuda gubernamental ha aumentado alrededor de 320.000 millones de pesos cada día durante los últimos tres años y medio.
Según el centro de estudios económicos Anif, esta deuda bruta -que corresponde al total de pasivos financieros del Gobierno- representó en 2025 el 64,4% del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzando el nivel más alto registrado desde 1999 y solo superado durante la pandemia del COVID-19 cuando llegó al 65% del PIB. De este total, la deuda interna representó el 45,3% del PIB (máximo de los últimos 26 años), mientras la externa fue del 19,1% del PIB.
Intereses elevados y posición internacional
Colombia ocupa actualmente el cuarto lugar entre los países emergentes con el interés de deuda más costoso, medido por la tasa de bonos soberanos a 10 años denominados en dólares. Con una tasa del 7,1%, solo es superada por Ucrania (15,1%), Argentina (10,4%) y Turquía (5,3%). En moneda local, la situación es igualmente preocupante: Colombia se posiciona como el sexto país con intereses más elevados, con una tasa del 12,9%.
Julián Cortés, analista senior del Banco Popular, explica que estos intereses altos afectan directamente a los ciudadanos de dos maneras principales:
- Buena parte de los impuestos recaudados se destinan al pago de la deuda, por lo que aumentos en las tasas podrían traducirse en nuevas cargas tributarias
- Las tasas del mercado de deuda pública presionan al alza las tasas de créditos de vivienda, vehículos e inversión, encareciendo el acceso al crédito para todos
Riesgos fiscales y perspectivas preocupantes
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha advertido que si no se toman medidas efectivas y oportunas para recortar el gasto público, la deuda retomaría una tendencia creciente que comprometería la sostenibilidad de las finanzas públicas. El organismo proyecta que la deuda neta podría cerrar este año en 60,3% del PIB, e incluso elevarse hasta el 60,7% del PIB si se materializan ciertos riesgos.
La prima de riesgo de Colombia, medida por el índice Embi de JP Morgan, ha sido consistentemente más alta que la de países comparables de la región como México, Brasil, Perú y Chile. Anif destaca que mientras México redujo su prima de riesgo en más de 100 puntos en el último año, Colombia solo lo hizo en 52 puntos, evidenciando un deterioro relativo en la percepción de riesgo por parte de los inversionistas internacionales.
Desafíos inmediatos y necesidad de reformas
El Ministerio de Hacienda reconoció en su Plan Financiero 2026 que la deuda neta se elevaría al 58,7% del PIB, todavía por encima del ancla de la regla fiscal establecida en 55%. El Carf ha sido enfático en señalar la urgencia de acordar reformas con efectos permanentes para aumentar los ingresos y/o reducir los gastos, estimando que el ajuste requerido para estabilizar la deuda neta oscila entre 3,5 y 4,5 puntos del PIB.
La situación se complica por el hecho de que casi un tercio de los ingresos tributarios del Gobierno se destinan actualmente al pago de intereses de la deuda, limitando el espacio para el gasto social en medio de presupuestos públicos cada vez más ajustados. Los intentos fallidos de reformas tributarias y la percepción de riesgo creciente entre inversionistas extranjeros configuran un escenario fiscal que exige acciones inmediatas y contundentes para evitar consecuencias más graves sobre la economía colombiana.
