El debate sobre la exención del impuesto del 4x1.000 para múltiples cuentas bancarias ha vuelto al centro de la discusión financiera en Colombia, luego de más de 500 días de retraso en la implementación de una medida aprobada por la Ley 2277 de 2022, que debía entrar en funcionamiento desde diciembre de 2024.
¿Qué establece la Ley 2277?
La norma estableció que los usuarios podrían tener exentas del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) todas sus cuentas de ahorro, depósitos electrónicos y productos financieros, siempre que el total de movimientos no supere las 350 UVT mensuales. Para 2026, ese límite equivale a cerca de 18,3 millones de pesos. En la práctica, sin embargo, los colombianos continúan obligados a escoger una sola cuenta marcada como exenta para evitar el cobro del impuesto.
Nuevas iniciativas y posiciones
El tema cobró fuerza tras la iniciativa de Nu Colombia, que decidió asumir el valor equivalente al 4x1.000 sobre ciertas inversiones en CDT, mientras cuestionaba públicamente el retraso en la implementación del nuevo esquema. A partir de ahí, varias entidades financieras comenzaron a fijar posición sobre el estado real del proyecto, las dificultades de interoperabilidad y las responsabilidades pendientes dentro del sistema financiero.
El presidente de BBVA Colombia, Mario Pardo, retomó la discusión al compartir una columna de opinión del presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, en la que se planteó la necesidad de dar un debate técnico y responsable sobre la aplicación de la medida. “Este debate debe darse con responsabilidad y pensando en los beneficios que puede traer para millones de colombianos”, señaló Pardo.
Modificación del mecanismo
El directivo aclaró que la Ley 2277 no eliminó el beneficio existente ni creó una nueva exención, sino que modificó el mecanismo para aplicarlo. “Antes, cada persona debía escoger una sola cuenta exenta del 4x1000. Con la nueva ley, el beneficio podrá aplicarse sobre el total de movimientos de todas las cuentas de un mismo titular, siempre que no superen el tope mensual definido”, explicó.
El problema de la interoperabilidad
Aunque distintas entidades aseguran estar preparadas tecnológicamente para operar bajo el nuevo esquema, el principal obstáculo sigue siendo la inexistencia de un sistema único e interoperable que permita consolidar en tiempo real las transacciones de todos los usuarios del sistema financiero.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sostuvo que la ley exige la existencia de “un sistema” que permita verificar automáticamente cuándo una persona supera el monto exento, sin necesidad de marcar cuentas específicas. “El artículo 881-1 del ET exige un sistema que consolide toda la información necesaria para aplicar la exención prevista en el numeral 1 del artículo 879 del E.T. sin necesidad de la marcación de cuentas”, indicó la entidad.
La autoridad tributaria insistió en que la obligación de poner en marcha ese sistema no recae sobre la DIAN, sino sobre la totalidad de entidades financieras y cooperativas vigiladas por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Economía Solidaria. “Una vez el 100% de las entidades financieras y/o cooperativas de naturaleza financiera o de ahorro y crédito hayan adoptado el sistema de información, consecuentemente se dará aplicación y cumplimiento al artículo 881-1 del ET”, explicó.
División tecnológica
Fredy Castro, presidente de Fecolfin, explicó que el problema surgió porque el ecosistema financiero terminó dividido entre varios proveedores tecnológicos. “El asunto es que las entidades con producto de depósito no escogieron a un único proveedor del sistema de información. El artículo de la ley habla de ‘un sistema’ y hoy no existe ese único sistema privado que recogería la transaccionalidad de casi todos los colombianos”, afirmó.
Según explicó, para marzo de 2025 existían 546 entidades involucradas en el proceso, incluyendo bancos, cooperativas y fondos de empleados. Ese universo terminó contratando diferentes soluciones tecnológicas para cumplir la norma. “Ese grupo de 546 organizaciones buscó a tres proveedores distintos para cumplir la norma. Dichos proveedores no constituyen un único sistema. Esta es la razón por la que individualmente todas las organizaciones están listas, pero en el agregado no”, agregó.
Bancos aseguran estar listos
En medio de la discusión, varias entidades han insistido en que ya cuentan con la capacidad tecnológica necesaria para operar bajo el nuevo modelo, aunque reconocen que falta una coordinación integral del sistema. Mario Pardo afirmó que BBVA ya realizó inversiones tecnológicas y operativas para prepararse para la implementación de la medida. “En BBVA en Colombia no solo apoyamos la ley, hemos invertido para avanzar en la implementación desarrollando las capacidades tecnológicas y operativas necesarias para ofrecerles a los clientes una experiencia simple, transparente y alineada”, señaló. No obstante, insistió en que la medida solo puede funcionar si todas las entidades operan de manera sincronizada y segura. “Se requiere la participación del 100% de las entidades para funcionar correctamente”, dijo.
Banco Falabella también se sumó al llamado para destrabar la implementación del sistema. La entidad aseguró que ya cuenta con sistemas, capacidades técnicas y personal entrenado para aplicar la exención. Rodrigo Sabugal, gerente general de Banco Falabella, afirmó que “en la medida en que los actores del sector se articulen y trabajen de manera conjunta para desplegar esta solución lo antes posible, los usuarios del sector financiero serán los más beneficiados”.
El futuro del 4x1.000
Mientras tanto, Asobancaria continúa sin emitir un pronunciamiento institucional sobre una fecha concreta de entrada en operación o sobre el estado total de integración del ecosistema financiero. El debate también revive la discusión sobre la permanencia del 4x1.000, un impuesto creado originalmente en 1998 como una medida temporal para enfrentar la crisis financiera de la época y que terminó convirtiéndose en una fuente permanente de ingresos para la Nación. Solo en 2025 el recaudo por GMF superó los 15 billones de pesos, según cifras oficiales, consolidándose como uno de los tributos más efectivos para las finanzas públicas.
Mientras persiste la incertidumbre jurídica y tecnológica, millones de usuarios siguen utilizando el esquema tradicional: mantener una sola cuenta exenta y pagar el impuesto en las demás, pese a que la ley aprobó hace más de dos años un modelo distinto que todavía no logra entrar en funcionamiento.
