El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha emitido una nueva alerta sobre el incremento de la deuda pública colombiana y los elevados intereses que el Gobierno de Gustavo Petro está pagando, lo que genera una presión adicional sobre las ya deterioradas finanzas públicas. Según el organismo independiente adscrito al Ministerio de Hacienda, el país está destinando el 36,9 por ciento de los ingresos tributarios al pago de intereses de la deuda pública. Esto significa que casi cuatro de cada 10 pesos que recibe el Gobierno se utilizan para afrontar este compromiso.
Esta cifra supera el 33,8 por ciento registrado en el mismo periodo de 2025 y el promedio anual del 22 por ciento entre 2004 y 2025. Además, representa el peor nivel en más de 20 años, según datos del Carf. La situación, que se ha agravado en los últimos años, está reduciendo el espacio disponible en el presupuesto público para destinarlo a gasto social, infraestructura y otros rubros esenciales.
Colombia se encuentra entre los países emergentes que pagan los intereses más costosos, y es percibido como más riesgoso que otros pares de la región como Chile, Perú e incluso Brasil, que en años anteriores había estado rezagado. De acuerdo con César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, el alto costo de financiamiento derivado de la incertidumbre fiscal afecta a todos los colombianos. “Hace unos años, solo se destinaba uno de cada seis pesos al pago de intereses. Cada vez se va más parte del presupuesto a este rubro, lo que implica un sacrificio para la inversión pública y otros servicios del Estado. Las mayores tasas que hemos visto en los últimos días las terminaremos pagando todos de manera indirecta”, afirmó.
Los analistas coinciden en que estos mayores costos de endeudamiento responden al riesgo que perciben los inversionistas extranjeros al prestarle a Colombia. Esto se evidenció la semana pasada en la megaoperación del Ministerio de Hacienda, que colocó 6 billones de pesos en el mercado local mediante una subasta de bonos de deuda pública (TES) a una tasa considerada “muy elevada”, cercana al 15 por ciento. Dicha tasa terminará siendo pagada por todos los colombianos a través de mayores intereses en el futuro.
Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de la consultora Lumen Economic Intelligence, explicó que “el mercado está exigiendo una prima más alta para prestarle al Gobierno, lo que incrementa el costo del servicio de la deuda y reduce el espacio fiscal hacia adelante. Esto es especialmente preocupante en un contexto de déficit fiscal elevado, aumento de la deuda pública y alta dependencia del financiamiento interno”.
Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, señaló que el gobierno de Gustavo Petro pasó de endeudarse en pesos a una tasa del 11 por ciento en septiembre de 2025 a hacerlo a más del 15 por ciento en la actualidad. “Las tasas a las que se financia el gobierno han subido por un choque inflacionario y de expectativas autoinfligido que obliga al Banco de la República a subir su tasa de política monetaria, y por las elevadas primas de riesgo país que genera el desorden fiscal”, aseguró.
El Carf advierte que el gasto en intereses seguirá aumentando. Según el organismo que preside Juan Carlos Ramírez, “el gasto de intereses aumentaría a 2030 como consecuencia de un nivel alto y creciente de deuda, necesidades de financiamiento por encima del promedio histórico y costos de financiamiento significativos”. En el escenario inercial, sin un ajuste fiscal, la trayectoria del gasto de intereses se prevé “explosiva”: como porcentaje del PIB, los intereses pasarían del 3 por ciento en 2026 al 3,9 por ciento en 2028 y al 6 por ciento en 2030.
A marzo de 2026, la deuda bruta se ubica en 60,8 por ciento del producto interno bruto (PIB), de la cual la interna representa el 43,3 por ciento y la externa el 17,5 por ciento. La situación fiscal sigue siendo motivo de preocupación para los expertos, quienes insisten en la necesidad de implementar medidas que permitan recuperar la confianza de los inversionistas y aliviar la presión sobre las finanzas públicas.
