Cinco cifras que desmienten el diagnóstico presidencial sobre la crisis de vivienda
En su más reciente intervención pública, el presidente Gustavo Petro lanzó un diagnóstico contundente sobre el sector constructor colombiano, atribuyendo la "casi muerte de la producción de vivienda nueva" a las decisiones del Banco de la República sobre tasas de interés. Sin embargo, expertos y cifras oficiales presentan una realidad diferente que contradice directamente las afirmaciones del mandatario.
El argumento presidencial y la respuesta técnica
Según Petro, el aumento de "dos puntos completos de tasa de interés real" por parte del Banco de la República fue suficiente para desplomar la demanda de vivienda nueva y afectar toda la cadena de insumos industriales que esta requiere. "Cuando la tasa de interés está alta, nos arroja una caída de la producción de vivienda nueva", afirmó el presidente durante su alocución del 7 de abril.
Sin embargo, Sandra Forero Ramírez, concejal de Bogotá experta en planeación urbana y vivienda, ofrece una lectura diametralmente opuesta: "El diagnóstico es engañoso. El sector edificador completa diez trimestres consecutivos en caída, una tendencia que comenzó mucho antes y que responde a la destrucción de la confianza y al pésimo manejo fiscal del Gobierno".
El giro hacia mejoramientos y sus implicaciones laborales
Ante este panorama, el presidente anunció que el Gobierno dejará de priorizar la construcción nueva —que, según él, "hoy no va a tener demanda"— y apostará por el mejoramiento habitacional. Petro argumentó que "el 80 % del déficit es cualitativo" y que "diez mejoramientos hacen una vivienda nueva en puestos de trabajo".
Forero desmiente categóricamente esta equivalencia: "No, es una simplificación irresponsable. El sector de edificaciones de vivienda nueva es el motor de empleo directo para un millón de personas, representando para muchos el primer eslabón de acceso al mercado laboral. Desde el inicio de este Gobierno, el sector ha perdido cerca del 15 % de su fuerza laboral".
La experta advirtió con claridad: "Menos vivienda nueva implica menos empleo, mayor presión sobre los arriendos y un incentivo directo a la expansión de la informalidad urbana".Las cifras que contradicen la narrativa oficial
La funcionaria municipal recordó varios datos cruciales que cuestionan la estrategia gubernamental:
- El programa Mi Casa Ya fue suspendido, pasando de asignar 67.000 subsidios anuales en 2021 y 2022 a menos de 9.000 en 2025 y cero en 2026.
- El Gobierno prometió 400.000 mejoramientos en el Plan Nacional de Desarrollo, pero a tres años no se sabe cuántos se han entregado, sin existir una ficha pública consolidada en el DNP que permita hacer seguimiento.
- Fonvivienda solo tiene asignados para este año 1,7 billones de pesos, mientras que el aumento del 23 % en el salario mínimo redujo drásticamente la capacidad de cobertura: donde antes se otorgaban cinco subsidios, hoy apenas alcanzan para cuatro.
- Los desistimientos de vivienda ya superan las 134.000 unidades.
- Las iniciaciones de construcción acumulan contracciones del 35 % desde el inicio del mandato presidencial.
La advertencia presidencial y la respuesta del sector
Petro cerró su intervención con una advertencia: si "el primer envión de medidas" no es suficiente para contrarrestar el impacto del alza de tasas y el país entra en crisis económica, el Gobierno presentará un nuevo proyecto de ley de financiamiento al Congreso y no descarta acudir nuevamente a una emergencia económica.
Para Forero, esa posibilidad "sería un golpe a la seguridad jurídica y a la confianza del sector". La concejal enfatizó que desconocer el microcrédito como herramienta complementaria "también es un error", especialmente cuando el presidente aclaró que no se puede hacer mejoramiento de vivienda a partir de crédito, sino únicamente con dineros públicos.
El paquete de medidas anunciado por el Gobierno incluye articular el programa de mejoramiento del Viceministerio de Vivienda con Colombia Solar, que el ministro de Minas debe ejecutar de inmediato, además de subsidios a la tasa de interés para micro, pequeña y mediana empresa y para la agroindustria exportadora, con el objetivo de bajar el precio de los alimentos.
Mientras el Gobierno insiste en su diagnóstico cualitativo del déficit habitacional, las cifras del sector constructor pintan un panorama preocupante de destrucción de empleo formal, expansión de la informalidad y contracción sostenida que comenzó mucho antes de los ajustes en las tasas de interés.
