El Gobierno nacional encendió las alarmas sobre la situación financiera de varias entidades del sistema de salud. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo advirtió que múltiples EPS presentan patrimonio negativo, fallas en reservas técnicas y posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Según explicó el funcionario durante un Consejo de Ministros del martes 28 de abril, estas condiciones representan un incumplimiento de la normativa, ya que algunas entidades continúan operando y recibiendo recursos sin cumplir los requisitos financieros exigidos. En ese contexto, el presidente Gustavo Petro planteó una alternativa frente a la crisis.
Propuesta de Petro: retirar licencias en lugar de liquidar
El mandatario, en lugar de liquidar a las EPS intervenidas, propuso retirarles la licencia de operación para garantizar que los propietarios respondan por las deudas con hospitales y clínicas. “Si se liquidan las EPS, no se pagan las deudas que tienen con el sistema hospitalario y clínico del país”, indicó el jefe de Estado en la reunión con su gabinete transmitida por medios públicos.
De esta manera, para el ejecutivo, la propuesta de retirar licencias se enmarca en la estrategia del Gobierno para intervenir y reorganizar el sistema de salud, en medio de una crisis marcada por deudas acumuladas, cuestionamientos sobre el manejo de recursos y dificultades en la prestación de servicios.
¿Es viable que el Gobierno retire licencias a las EPS en Colombia?
Según análisis de expertos citados por El Heraldo, el Gobierno sí cuenta con herramientas para intervenir entidades del sistema de salud, pero cualquier decisión de este tipo debe seguir procedimientos establecidos y no puede aplicarse de forma inmediata ni por orden explícita del presidente. La facultad de autorizar, vigilar o retirar la operación de las EPS recae en la Superintendencia Nacional de Salud, que debe evaluar el cumplimiento de requisitos financieros y administrativos antes de tomar medidas. Esto implica que el retiro de licencias no es automático y requeriría un proceso técnico y legal que garantice el debido proceso y la protección de los usuarios.
Para entender el alcance de las medidas que puede adoptar el Gobierno frente a las EPS en crisis, es clave revisar el marco normativo vigente. En ese contexto, el Decreto 682 de 2018 define los criterios bajo los cuales la Superintendencia Nacional de Salud puede aplicar este tipo de sanción a las entidades que no cumplen con los requisitos del sistema. “Incumplir de forma reiterada e injustificada las condiciones de habilitación técnico-administrativas, tecnológicas o científicas que pongan en riesgo la efectividad de los servicios, la seguridad de los afiliados o la correcta destinación de los recursos del sector; incumplir las condiciones de habilitación financieras establecidas en la normatividad; incumplir las condiciones de habilitación de la red prestadora de servicios de salud; y ejecutar operaciones que deriven en desviación de recursos del sistema de salud”, se lee en el citado decreto.
Además, los expertos advierten que una decisión de este tipo tendría efectos sobre la prestación de servicios y la continuidad en la atención de los pacientes, por lo que su implementación debe contemplar mecanismos que eviten afectar el acceso al sistema de salud.
