La Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi ha lanzado una fuerte advertencia sobre los riesgos que implicaría el nuevo proyecto de resolución de etiquetado frontal impulsado por el Ministerio de Salud. Según el gremio, la iniciativa podría generar impactos económicos significativos, inseguridad jurídica y decisiones regulatorias sin suficiente sustento técnico.
Impacto económico y empresarial
La propuesta busca derogar la Resolución 810 de 2021 para implementar un nuevo esquema de etiquetado, lo que obligaría a rediseñar la totalidad de empaques de alimentos en el país. Esta medida afectaría a un sector compuesto por 51.200 empresas, de las cuales el 98,5 por ciento son micro y medianas, con potencial impacto en el empleo y el abastecimiento nacional.
Falta de evidencia científica
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de evidencia científica que respalde los cambios planteados. “Este nuevo reglamento técnico no está debidamente justificado, se hace sin la evidencia científica que debe soportar un cambio tan profundo como éste”, afirmó Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi.
El gremio también cuestiona la ausencia de diálogo previo. Según el documento, el Ministerio no habría respondido a solicitudes para instalar mesas técnicas que permitan analizar los efectos de la medida, lo que limita la participación de actores clave en la construcción regulatoria.
Cambios técnicos propuestos
El proyecto introduce modificaciones de alto impacto. Entre estas, la creación de una categoría de “ultraprocesados” que, según el gremio empresarial, no existe en marcos regulatorios internacionales, así como la obligación de incluir una advertencia específica para productos que contengan ciertos aditivos industriales.
Además, propone cambios como la implementación de “microsellos” para empaques pequeños, la prohibición del uso de códigos QR en etiquetado, nuevas restricciones a declaraciones de salud, modificaciones en la presentación de tablas nutricionales y un periodo de transición de solo seis meses.
Para el gremio, estas medidas son “desproporcionadas” frente a la magnitud de los ajustes requeridos, especialmente considerando los tiempos de rediseño, impresión y aprobación regulatoria de etiquetas.
Riesgos para el comercio internacional
Otro punto crítico es el posible conflicto con normas internacionales. La Andi advierte que el proyecto podría constituir un obstáculo técnico al comercio, al no cumplir plenamente con los requisitos de organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC) o la Comunidad Andina.
Asimismo, el gremio señala que el cambio normativo se plantea sin una evaluación ex post del modelo actual de etiquetado, implementado hace menos de tres años y ajustado recientemente. Esto, según la entidad, contraviene las buenas prácticas regulatorias adoptadas por Colombia en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
“Es fundamental que el Gobierno escuche a quienes producen los alimentos en Colombia, ya que no se ha medido el impacto real de esta medida en las empresas”, agregó Montes, advirtiendo que los costos adicionales podrían trasladarse a la cadena de producción y distribución.
Llamado a la participación
Frente a este panorama, la Cámara de la Industria de Alimentos hizo un llamado a empresarios, académicos, científicos y demás actores del sector para revisar el borrador de la resolución y presentar observaciones antes del cierre del proceso de consulta pública.
Con esta iniciativa, el debate sobre el etiquetado nutricional vuelve al centro de la discusión pública, enfrentando objetivos de salud pública con preocupaciones económicas y regulatorias. Mientras el Gobierno busca fortalecer la información al consumidor, la industria insiste en la necesidad de decisiones basadas en evidencia, diálogo técnico y evaluación de impactos.
