El sistema bancario colombiano avanza con firmeza hacia la transformación del impuesto conocido como Gravamen a los Movimientos Financieros, popularmente llamado 4×1.000. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, desmintió recientemente cualquier resistencia del sector para aplicar el nuevo régimen de transición del 4×1.000, generando expectativa de cara a 2026.
Contexto de la controversia
La controversia surgió luego de un pronunciamiento de Nu y Colombia Fintech sobre el artículo 65 de la Ley 2277. Dicha normativa permite que los usuarios mantengan múltiples cuentas bancarias sin el cobro del tributo bajo topes específicos. Actualmente, el 98 % de las entidades financieras nacionales posee la infraestructura necesaria para ejecutar este cambio tecnológico. El 2 % restante corresponde a cooperativas de ahorro y crédito que todavía carecen de los sistemas requeridos.
Malagón aclaró que la Ley 2277 de 2022 no eliminó el impuesto ni estableció beneficios tributarios inéditos para los clientes. El directivo enfatizó la naturaleza técnica de la modificación estructural que enfrenta actualmente todo el gremio financiero.
Declaraciones de Asobancaria
“La Ley 2277 de 2022 no desmontó el 4×1.000 ni creó una exención nueva. Modificó la forma de aplicar una exención ya existente para movimientos mensuales que no superen las 350 UVT y que actualmente utilizan 29 millones de personas”, aseguró Malagón. La normativa establece que el límite de 350 UVT debe repartirse entre todos los depósitos de un solo titular. Este proceso exige una consolidación total de las transacciones realizadas tanto en bancos comerciales como en el sector cooperativo. Para materializar esta meta, el sistema requiere pilares fundamentales como la interoperabilidad, la trazabilidad absoluta y una coordinación estrecha.
Propuesta de implementación escalonada
Asobancaria propone una entrada escalonada que incluya inicialmente a las instituciones que ya están técnicamente preparadas. Entidades de gran trayectoria como Banco de Bogotá, Bancolombia y Davivienda confirmaron su disposición inmediata para el proceso. Estas instituciones buscan facilitar que los ciudadanos gestionen sus recursos financieros con mayor libertad y menores costos operativos.
Ignacio Giraldo, líder de Lulo Bank, manifestó que el debate “debe centrarse en cómo construir un sistema financiero en el que las personas puedan mover su plata libremente”. Esta visión promueve una mayor flexibilidad para el usuario. Gerardo Hernández, presidente de AV Villas, destacó el esfuerzo conjunto realizado por toda la industria para alcanzar este nivel de preparación. La transparencia y la simplicidad tecnológica son objetivos prioritarios para bancos como el Bbva. Por su parte, Banco Falabella y Banco Finandina respaldan el desmonte progresivo de este gravamen que afecta el consumo. El Banco Popular también ratificó su compromiso para articular los cambios técnicos que exige la ley tributaria vigente.
Desafíos pendientes
Juan Pablo Díaz, abogado de la firma Holland & Knight, recordó que la fecha límite para este cambio venció en diciembre. El experto considera que el Gobierno Nacional debe liderar la iniciativa para integrar al pequeño porcentaje faltante. Aunque falte un mínimo sector de cooperativas por actualizarse, la banca tradicional domina el volumen de operaciones en Colombia. Los expertos aseguran que la implementación masiva beneficiará a millones de usuarios que hoy pagan impuestos innecesarios por transar.
¿Qué es el 4×1.000 en Colombia?
El Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido popularmente como 4×1.000, es un impuesto nacional de tipo indirecto que se aplica a las transacciones financieras realizadas por los usuarios en Colombia. Este tributo consiste en descontar cuatro pesos por cada mil pesos de cualquier movimiento de retiro, traslado o pago que se realice desde cuentas bancarias o depósitos de bajo monto. Originalmente nació como una medida transitoria en 1998 para enfrentar la crisis bancaria de la época, pero con el tiempo las autoridades lo convirtieron en un impuesto permanente del sistema tributario. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se encarga de recaudar estos recursos, los cuales el Estado destina principalmente al gasto público y al fortalecimiento de las finanzas generales del país. Actualmente, la ley permite que los ciudadanos marquen una única cuenta de ahorros como exenta de este cobro, siempre que los retiros mensuales no superen las 350 Unidades de Valor Tributario. Con la reforma tributaria de 2022, el sistema inició una transición tecnológica para que los usuarios no deban elegir una sola cuenta, sino que el beneficio aplique globalmente entre todas sus entidades. Las transacciones entre cuentas de un mismo titular en el mismo banco, el pago de impuestos y ciertos movimientos de pensionados también cuentan con exenciones específicas bajo la normativa vigente. El sector financiero ha trabajado durante los últimos meses para implementar la interoperabilidad que permita controlar el tope de exención sin afectar la privacidad ni la seguridad de los ahorros individuales. Es fundamental que los usuarios verifiquen sus extractos bancarios para confirmar que los descuentos aplicados correspondan a las tarifas legales establecidas por el Gobierno Nacional y el Congreso de la República.
