Nuevos aranceles mundiales de Trump entran en rigor este 24 de febrero
El aumento arancelario del 10% anunciado por el gobierno de Donald Trump entró en vigor este 24 de febrero, marcando un nuevo capítulo en la política comercial estadounidense. Esta medida se produce luego de que la Corte Suprema suspendiera el decreto anterior que establecía incrementos más elevados, generando un complejo escenario legal y económico a nivel internacional.
Respuesta judicial y nueva implementación
La Corte Suprema de Estados Unidos invalidó recientemente el aumento arancelario inicial establecido por la administración Trump, lo que obligó al gobierno a implementar una versión modificada del 10% que entró en vigencia hoy. Dichos derechos aduaneros tienen como objetivo declarado combatir "los grandes y graves déficits de la balanza de pagos", según explicaciones oficiales de la Casa Blanca.
Este nuevo arancel tiene una duración limitada de 150 días, a menos que el Congreso estadounidense decida extenderlo mediante legislación específica. La medida representa un retroceso significativo para la estrategia comercial de Trump, quien había buscado implementar aumentos más sustanciales y permanentes.
Limitaciones y excepciones establecidas
El arancel general no cubre la mayoría de productos procedentes de Canadá y México, en virtud del acuerdo de libre comercio T-MEC que mantiene Estados Unidos con estos países vecinos. Sin embargo, las importaciones de ciertos productos estratégicos como automóviles y acero sí pueden ser gravados a discreción del Gobierno, según concedió la Corte Suprema en un fallo dividido de 6 votos contra 3.
En su histórica decisión, el Alto Tribunal declaró ilegal una parte sustancial de los aranceles propuestos originalmente y desautorizó al presidente la potestad de aplicarlos y modificarlos unilateralmente invocando razones de emergencia nacional. Esta limitación representa un golpe significativo a la autoridad ejecutiva en materia comercial.
Contexto histórico y reacciones políticas
Desde abril del año pasado, la "emergencia nacional" había sido la principal herramienta diplomática y económica de Trump para justificar aumentos arancelarios, tras décadas de políticas comerciales estadounidenses con aranceles significativamente más bajos que en muchos otros países occidentales. Estados Unidos mantuvo una política de apertura progresiva a las importaciones desde los años 1980, una estrategia que Trump calificó como errónea por considerar que no obtuvo suficientes contrapartidas de socios comerciales clave como Japón, la Unión Europea o China.
Mientras implementaba estos aranceles, el gobierno Trump negoció a lo largo de 2025 nuevos tratados comerciales con países como Corea del Sur e India. El Tratado de Libre Comercio T-MEC con Canadá y México deberá ser renegociado este año, añadiendo complejidad al panorama comercial norteamericano.
Consecuencias financieras y batallas legales futuras
No está claro el destino de aproximadamente 170.000 millones de dólares que Estados Unidos ha recaudado hasta la fecha mediante aranceles anteriores. Compañías estadounidenses afectadas, así como estados gobernados por demócratas, ya han anunciado que pelearán ante la justicia para obtener indemnizaciones por los perjuicios comerciales sufridos, una batalla legal que según reconocimientos del propio Trump podría extenderse por varios años.
El presidente republicano también ha amenazado con implementar aumentos adicionales en los aranceles a importaciones procedentes de países que decidan "jugar" con los impuestos aduaneros, manteniendo un tono confrontacional en su política comercial exterior. La Casa Blanca ya trabaja en desarrollar un esquema arancelario más estable que pueda resistir desafíos legales, mientras Trump ha dejado claro su intención de mantener derechos aduaneros elevados durante su presidencia.
