Controversia por ajuste de avalúos rurales: Gobierno incurre en errores técnicos y afecta a pequeños propietarios
Las acciones realizadas con intenciones negativas o "de mala leche" tienden a fracasar, y esto parece aplicarse al Gobierno nacional en su polémica decisión de ajustar los avalúos rurales con rezagos superiores a cinco años. La medida, impulsada con un discurso contra los "grandes terratenientes", termina perjudicando principalmente a los pequeños propietarios, según análisis detallados de la implementación.
Afán gubernamental y violación de plazos legales
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) demostró una inusual eficiencia al expedir la Resolución 2057 del 30 de diciembre y publicarla en el Diario Oficial el 31 de diciembre, con el objetivo de implementar el ajuste a partir de 2026. Sin embargo, en su prisa, el Gobierno pasó por alto un detalle crucial: la Ley 1912/24 establece claramente que los valores catastrales del ajuste automático entrarán en vigor "a partir del 1º de enero del año siguiente al de su incorporación en las bases catastrales".
Dado que este proceso comenzará en los municipios en 2026 con la determinación del ajuste para cada predio, esos valores catastrales solo serán vigentes a partir del 1 de enero de 2027, por lo que no podrán afectar el impuesto predial correspondiente al año 2026. Esta discrepancia temporal revela una implementación apresurada que no respeta los marcos legales establecidos.
Actualización masiva con consecuencias imprevistas
El IGAC ha promovido esta actualización de avalúos rurales como una medida excepcional, masiva y automática. Si bien es cierto que será excepcional por realizarse una sola vez, como lo presenta el Gobierno entre sus "bondades", en realidad busca reparar el incumplimiento sistemático de la obligación legal de actualizar avalúos cada cinco años. El resultado es que los propietarios terminan "pagando los platos rotos" por décadas de negligencia gubernamental.
Detrás del carácter masivo y automático se esconden importantes injusticias. El propio IGAC reconoce que se afectarán 1.639.140 predios en 533 municipios, pero también admite que el 98,6% de estos tiene menos de 100 hectáreas. Estas cifras contradicen directamente las afirmaciones del presidente Gustavo Petro de que la medida no afecta a los más pobres, ya que el Estado considera menos de 100 hectáreas como pequeña propiedad.
Impacto devastador en la pequeña propiedad rural
Los pequeños propietarios enfrentarán consecuencias graves:
- Perderán beneficios ante entidades de crédito al ser reclasificados como medianos propietarios debido al aumento significativo de su patrimonio catastral
- Verán afectados sus ingresos, pues aunque el aumento del impuesto predial no podrá superar el 50% anual, este incremento se aplicará sobre una base cada vez mayor
- El minifundio lechero del altiplano será particularmente afectado, comprometiendo la sostenibilidad de numerosas familias campesinas
Afortunadamente, la intención de afectar la producción agropecuaria con la excusa de fortalecer las finanzas municipales se ha visto frustrada por estos errores de implementación. Se espera que un futuro gobierno comprenda la realidad rural sin sesgos ideológicos y modifique este despropósito de actualización masiva.
El camino correcto: respetar la capacidad productiva
La solución ideal sería respetar el artículo 9º de la Ley 101/93, que establece que los avalúos catastrales de predios destinados a la producción agropecuaria no deben considerar "ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios". Este principio, diseñado para proteger la actividad agropecuaria nacional, ha sido ignorado en la actual política de ajuste de avalúos.
La implementación adecuada de las normas, con comprensión real del sector rural y respeto por los pequeños productores, es fundamental para el desarrollo equitativo del campo colombiano. Así debe ser, y así debería implementarse cualquier política que afecte el sector agropecuario nacional.
