El Gobierno Nacional creó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) como una herramienta para blindar los suelos agrícolas del país. Estas zonas priorizan la producción de alimentos sobre otras actividades económicas, incluida la minería. La figura nació con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro y ya hay áreas declaradas en La Guajira, Cundinamarca, Tolima y Antioquia. Sin embargo, la forma en que el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) están implementando esas áreas presenta problemas, según advirtió este martes la Contraloría General de la República.
Advertencia especial de la Contraloría
El organismo de control fiscal emitió una “advertencia especial” al Ministerio de Agricultura y a la UPRA por los riesgos evidenciados en la implementación de las APPA y de las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA), que son las zonas preliminares que anteceden a la declaratoria definitiva de un APPA. La Contraloría identificó riesgos de carácter jurídico, fiscal, presupuestal, ambiental, operativo y de gobernanza que podrían comprometer la consistencia técnica, financiera e institucional del proceso.
Fallas en las APPA
El organismo de control advirtió que la implementación de las APPA no puede limitarse a expedir actos administrativos ni a delimitar zonas en un mapa. Exige una planeación integral, verificable y financieramente soportada, que articule los instrumentos de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, los presupuestos sectoriales y los mecanismos de seguimiento.
En materia jurídica, la Contraloría señaló la falta de procedimientos claros y de coordinación entre las entidades nacionales y los entes territoriales. Esa insuficiencia puede generar incertidumbre sobre la aplicación del debido proceso, la delimitación de las áreas y la armonización con los instrumentos de ordenamiento territorial.
La Contraloría también llamó la atención sobre la ausencia de una programación clara en el uso del suelo y las actividades productivas. “Las restricciones derivadas de la declaratoria de APPA pueden impactar sectores económicos estratégicos, especialmente actividades como la exploración y explotación minera cuando se desarrollan en territorios delimitados bajo esta figura”, indicó la entidad a través de un comunicado.
Desde el punto de vista ambiental, el organismo destacó la necesidad de integrar criterios de gestión del riesgo de desastres, cambio climático y protección de ecosistemas. Omitir todos estos elementos puede llevar a decisiones incompatibles con la realidad del territorio.
Por estos motivos, la Contraloría instó al Ministerio de Agricultura y a la UPRA a adoptar medidas “inmediatas, coordinadas y técnicamente fundamentadas” para mitigar los riesgos detallados en su comunicado.
