Consejo de Estado traza línea definitiva sobre seguridad en estadios de fútbol
Tras años de tensiones y episodios violentos que han manchado el fútbol colombiano, el Consejo de Estado ha emitido un concepto jurídico que establece de manera inequívoca las responsabilidades en materia de seguridad para los eventos deportivos masivos. La decisión, dada a conocer este jueves 16 de abril de 2026, pone fin a un prolongado debate entre autoridades y organizadores deportivos.
Un conflicto que venía desde las gradas
La consulta que originó este pronunciamiento surgió de un desacuerdo persistente entre la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), la Federación Colombiana de Fútbol y la Policía Nacional, quienes durante años no lograron consensuar quién debía responder por la seguridad dentro de los estadios del país. Este enfrentamiento incluso bloqueó la actualización del Protocolo de Seguridad que rige la realización de los partidos profesionales.
Las cifras detrás de la urgencia revelan la gravedad del problema: entre 2004 y 2018, al menos 154 personas perdieron la vida en hechos vinculados a partidos de fútbol en Colombia. Estas estadísticas, presentadas ante el Consejo de Estado, evidencian la necesidad de clarificar responsabilidades en un contexto donde la violencia sigue presente, como demostró el reciente asesinato del hincha Gabriel Acosta durante un partido del Junior en Cartagena.
La base constitucional de la decisión
El concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, fechado el 17 de septiembre de 2025, se fundamenta en mandatos constitucionales claros. La sala recordó que los artículos 2 y 218 de la Constitución Política consagran a la Policía como el cuerpo del Estado encargado de mantener las condiciones necesarias para que los colombianos ejerzan sus derechos y vivan en paz.
"La Policía Nacional, en atención al principio de exclusividad de la fuerza pública, tiene el deber de prestar sus servicios en los eventos deportivos con grandes aglomeraciones de público", estableció el Consejo de Estado de manera enfática. Este mandato, según el tribunal, no admite excepciones ni delegaciones en manos de particulares.
El papel limitado de la seguridad privada
Si bien las empresas de vigilancia y seguridad privada pueden operar en los partidos de fútbol, su actuación queda circunscrita a límites precisos:
- Protección de personas y bienes en el interior del evento
- Verificación del ingreso y revisión de objetos prohibidos
- Apoyo a la logística del espectáculo
Sin embargo, bajo ninguna circunstancia pueden asumir la responsabilidad de controlar el orden público, garantizar la convivencia ciudadana ni enfrentar situaciones de violencia colectiva. Estas funciones son competencia exclusiva de la fuerza pública, y la ley prohíbe expresamente a las empresas privadas usar la fuerza de la misma manera que puede hacerlo la Policía.
Un modelo de seguridad compartida pero no intercambiable
En la práctica, la decisión establece un modelo de seguridad compartida donde cada actor tiene roles definidos. Los organizadores de eventos deben asumir la seguridad interna y externa contratando empresas de vigilancia y logística, pero esta responsabilidad no se extiende a garantizar el orden público en sentido estricto, que sigue siendo obligación constitucional de la Policía.
El Consejo de Estado fue categórico al afirmar: "No se puede delegar o transferir a los particulares la función pública de mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas o el aseguramiento de la paz".
Lo que queda por definir
Si bien el concepto fija reglas claras para eventos "complejos" como los partidos de fútbol profesional, no aborda los eventos "no complejos" o reuniones de menor escala y riesgo. Esta distinción, tampoco tratada en la Sentencia C-128 de 2018 de la Corte Constitucional, deja abierta una discusión para eventuales pronunciamientos futuros.
El mensaje final es contundente: en los estadios colombianos, la seguridad no es negociable ni delegable. La responsabilidad última sigue siendo del Estado, incluso en medio del espectáculo deportivo más multitudinario, marcando así un precedente fundamental para la convivencia en el fútbol nacional.
