La decisión de la Corte Constitucional de dejar sin efecto las sanciones impuestas a la Dimayor y a cinco clubes (Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Atlético FC, Envigado y Deportivo Pasto) por prácticas anticompetitivas generó un enfrentamiento entre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) y la entidad que maneja el fútbol profesional.
Reacción de la SIC
La primera en pronunciarse contra la sentencia de la Corte fue la superintendente Cielo Rusinque, quien publicó un video en el que anunció que presentó una acción de nulidad contra la decisión y expuso sus razones. Rusinque afirmó que el fallo presenta "notables inconsistencias en sus presupuestos fácticos y jurídicos" y que ampara los derechos fundamentales de la Dimayor, dejando sin efectos las actuaciones de la SIC en un proceso donde se acreditó la existencia de prácticas restrictivas de la competencia con repercusiones adversas sobre la calidad del fútbol colombiano, los derechos de los jugadores y las reglas de juego limpio.
La superintendente señaló que la SIC logró sancionar estas conductas bajo el mandato constitucional de proteger la libre competencia, pero la Corte Constitucional ordenó retrotraer la actuación administrativa alegando un exceso ritual manifiesto por no haberse pronunciado sobre una prueba solicitada por la Dimayor. Rusinque calificó esto como una apreciación errónea, ya que esa prueba fue analizada a fondo y se determinó que era inútil para el caso. Además, criticó que el fallo circulara informalmente en medios antes de que la SIC fuera notificada oficialmente, y que ahora se imponga un término perentorio de 48 horas para desmantelar años de instrucción técnica.
Acolfutpro denuncia conflicto de intereses
Acolfutpro respaldó la postura de la SIC y denunció la existencia de un conflicto de intereses. La asociación señaló que uno de los integrantes de la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, el magistrado Carlos Camargo Assis, tiene cercanía con los directivos del Fútbol Profesional Colombiano e incluso ha integrado la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.
La réplica de Dimayor
La Dimayor se pronunció este jueves y calificó el video de Rusinque como un "prejuzgamiento público que compromete la imparcialidad de la máxima autoridad de competencia del país". La entidad recordó que el caso de "fútbol masculino" empezó en 2021, se terminó por garantías en 2022, y la SIC lo revivió en 2023, violando todos los principios del ordenamiento jurídico vigente.
Dimayor explicó que la prueba que la SIC se niega a practicar busca establecer la legalidad de la evidencia electrónica extraída de los teléfonos móviles de los directivos y verificar si la SIC incorporó pruebas al expediente después de que las partes ejercieran su derecho de defensa. A pesar de ello, la superintendente afirma que dicha prueba fue analizada a fondo y resultó inútil, cuando la propia Corte Constitucional verificó que la SIC prometió pronunciarse y jamás lo hizo.
La Dimayor también señaló que la acción de nulidad presentada por la SIC "no corresponde al mecanismo jurídico procedente contra sentencias de revisión de tutela".
Antecedentes del caso
En octubre del año pasado, la SIC había sancionado a los cinco clubes y a la Dimayor con multas de 8 mil millones de pesos, al determinar que habían concebido "un sistema que limitó la libre competencia económica". La resolución identificaba tres patrones de conducta: el envío de comunicaciones entre los clubes sobre la situación laboral de jugadores específicos, un "pacto de caballeros" para bloquear la movilidad de los futbolistas, y el apoyo de la Dimayor al legitimar estas conductas.
