El presidente Gustavo Petro encendió las alarmas este sábado 13 de junio al anunciar en sus redes sociales su intención de liquidar la empresa Air-e, encargada del suministro de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. La decisión del mandatario generó inquietud en el sector eléctrico, especialmente ante la proximidad del fenómeno de El Niño, aumentando los temores de un apagón.
Riesgos de un apagón inminente
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó a Portafolio los peligros que conlleva esta medida. “Hoy en día, lo que sostiene al sector térmico es que los bancos aún confían en que se les pagará. Pero si ocurre una liquidación, claramente no habrá pago. El sector eléctrico se apaga una vez se tome una decisión de esa naturaleza”, manifestó.
Castañeda agregó que actualmente no existe la capacidad de asumir los servicios que Air-e dejaría de prestar, lo que condenaría a tres departamentos a un apagón inminente. “Al momento de iniciar el acto de liquidación, la compañía Air-e no puede seguir prestando el servicio. El Gobierno estaría condenando a tres departamentos a estar apagados. Para que eso no suceda, debe haber alguien que asuma la responsabilidad. El Gobierno no ha gestionado un operador idóneo”, señaló.
El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, advirtió en su cuenta de X: “Si se da la liquidación, tendrá un efecto suspensivo sobre las deudas de Air-e, lo que puede precipitar el efecto dominó advertido por XM y el temido apagón financiero anunciado por la Contraloría y la Procuraduría”.
Medida considerada ilegal
El gremio de los termoeléctricos no solo alertó sobre un posible apagón, sino que calificó la medida como ilegal, debido a las millonarias deudas que enfrenta la empresa, intervenida por la administración Petro desde septiembre de 2024. “Es ilegal, porque el Estado, en cabeza de una empresa, debe recursos muy grandes al sector eléctrico y a otros acreedores. Ninguna empresa del Estado puede liquidarse debiendo dinero sin llegar a un acuerdo. Sería como no pagar”, explicó Castañeda.
Andeg ya alertó que la deuda podría alcanzar los 3 billones de pesos a finales de 2026. “Cuando la empresa fue intervenida, su deuda con los generadores era de 560.000 millones de pesos, la cual quedó en suspenso. Ahora la deuda acumulada es de 2,5 billones de pesos”, añadió Acosta.
Procuraduría pone la lupa
La Procuraduría solicitó ampliar la información sobre las alternativas para la recuperación económica de Air-e. El Ministerio Público pidió precisar si existe un plan estructurado para la empresa, así como entregar los soportes técnicos y financieros de las decisiones adoptadas durante la intervención.
El organismo de control también requirió información sobre las medidas para garantizar la continuidad del servicio, la estabilidad administrativa y la atención de las obligaciones de la compañía. Además, pidió detalles sobre los avances operacionales y financieros del proceso de intervención.
Entre las solicitudes se incluyó la entrega de estados financieros auditados, la relación de contratos superiores a 500 millones de pesos y un plan de acción para atender las obligaciones acumuladas con el mercado. Estos requerimientos se enmarcan en el seguimiento a una empresa que presta un servicio público esencial en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El seguimiento de la Procuraduría también abordó los cambios de agentes especiales durante la intervención y la necesidad de asegurar trazabilidad en las decisiones tomadas por la administración temporal. El organismo pidió explicaciones sobre cómo se ha garantizado la continuidad administrativa durante ese proceso.
