La magistrada Cristina Lombana determinó dejar detenida provisionalmente a la senadora Martha Peralta Epieyú para garantizar su comparecencia en la indagatoria por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La medida se adoptó este jueves en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con el fin de reanudar la diligencia el viernes a las ocho de la mañana mientras se tramita su traslado a las instalaciones de la Dijín.
Investigación por corrupción en la UNGRD
La Sala de Instrucción investiga a la congresista del Pacto Histórico por su presunto rol en el entramado de corrupción de la UNGRD. Tras aplazarse la citación en dos oportunidades, la magistrada Lombana ordenó la retención nocturna de la parlamentaria debido al riesgo de comparecencia detectado durante el proceso. Este proceso busca recaudar información y establecer eventuales responsabilidades penales bajo el principio de presunción de inocencia.
Declaraciones de la senadora Martha Peralta
Antes de conocerse la decisión de mantenerla bajo custodia, la presidenta del partido Mais calificó las actuaciones judiciales como una motivación política y manifestó que el proceso hace parte de una “persecución política” en su contra. No obstante, la congresista aseguró que acudió a la sede judicial con la disposición de colaborar con los magistrados para el esclarecimiento de los hechos.
“Hoy asisto a rendir indagatoria dentro de un proceso en curso. Es una diligencia normal dentro de las etapas que adelanta la Corte para recaudar información y esclarecer los hechos. Como siempre, estoy dispuesta a colaborar con la justicia y a aportar toda la información que sea necesaria para aclarar cualquier duda o malentendido que pueda existir”, afirmó Peralta.
Contexto del caso
La UNGRD ha sido objeto de múltiples denuncias por presuntos actos de corrupción que involucran a funcionarios públicos y contratistas. La investigación contra la senadora Peralta se suma a otras indagaciones que buscan esclarecer el desvío de recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres en Colombia. La Corte Suprema de Justicia continúa recopilando pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
