La Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo de gran trascendencia para el ecosistema de las plataformas digitales en el país. Mediante la Sentencia T-148-26, el alto tribunal determinó que las empresas que operan aplicaciones de servicios, en este caso Picap Rent, deben modificar sus reglamentos internos para garantizar que cualquier sanción impuesta a sus usuarios cuente con las debidas garantías legales.
Detalles de la sentencia
La Sala Octava de Revisión estableció que la plataforma debe ajustar los trámites y procedimientos que pueden derivar en sanciones para sus usuarios, tanto para quienes utilizan el servicio de transporte como para los trabajadores o repartidores vinculados a la aplicación.
El caso que originó la decisión
El proceso judicial comenzó con una acción de tutela presentada por Jhonniell Colina, ciudadano venezolano que trabajaba como repartidor en moto autorizado desde 2020. En 2023, Colina se encontró bloqueado en la aplicación y, a pesar de solicitar información reiteradamente, nunca recibió respuesta de fondo por parte de la empresa.
Aunque durante el trámite judicial su cuenta fue restablecida —un hecho superado—, la Corte decidió estudiar el fondo del asunto para proteger los derechos fundamentales y evitar que situaciones similares se repitan.
Las nuevas reglas para las plataformas
La Corte fue enfática al señalar que el derecho al debido proceso no solo aplica en juicios, sino también en relaciones entre particulares, especialmente cuando una plataforma digital tiene poder para imponer sanciones. El tribunal ordenó a Portales de Contacto LATAM S.A. (Picap Rent) ajustar sus aplicativos para cumplir con tres puntos fundamentales:
- Explicaciones claras: La empresa debe brindar explicaciones oportunas y detalladas sobre la conducta reprochada y la justificación de la sanción.
- Derecho a reclamar: Implementar mecanismos claros y accesibles para recurrir las decisiones y permitir la defensa del usuario.
- Control sobre los algoritmos: Supervisar y controlar las decisiones automatizadas para evitar arbitrariedades.
La sentencia recuerda que un juicio justo implica que cualquier persona sea oída y pueda presentar pruebas antes de recibir un castigo, asegurando que el proceso se adelante conforme a reglas predeterminadas y con todas las posibilidades de defensa.
