Costa Rica se ha consolidado como un pionero regional en movilidad eléctrica gracias a leyes específicas e incentivos para este tipo de vehículos, que cada vez son más numerosos y contribuyen a aliviar los costos económicos y la huella ambiental derivados del alto consumo de combustibles fósiles en el sector transporte.
El transporte, principal fuente de emisiones
Según datos oficiales, el transporte es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Costa Rica, con más del 40 % del total. El país, de 5,1 millones de habitantes, cuenta con una flota de 3,19 millones de vehículos y sufre embotellamientos diarios, especialmente en las ciudades.
Crecimiento de vehículos eléctricos
La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) reporta que en 2025 había 34.307 vehículos eléctricos registrados en el país, y la proyección para 2026 es que la cifra alcance los 47.672, con la inscripción de 13.385 unidades, el mayor número anual desde la llegada de esta tecnología en 2010.
En 2025, el 16 % de los vehículos nuevos que ingresaron a Costa Rica fueron eléctricos, y en lo que va de 2026 el porcentaje ronda el 20 %, según Asomove.
Pionero en las Américas
La directora de Asomove, Silvia Rojas, declaró a EFE: “Costa Rica es pionero no solo a nivel de América Latina sino de las Américas. El año pasado tuvo el ingreso (de vehículos eléctricos) más alto de toda América y este año va ganando Uruguay (con cerca del 25 % del total de vehículos nuevos) que tiene un paquete de incentivos muy bueno y ha trabajado muy bien la infraestructura de carga”.
Políticas ambientales y meta de carbono neutralidad
El país es reconocido por sus políticas ambientales y produce más del 95 % de su electricidad con fuentes limpias. Su meta es convertirse en carbono neutral para 2050, y la movilidad eléctrica es un eslabón clave para lograrlo.
En 2018 entró en vigencia la Ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico, que brinda exenciones fiscales a la importación y venta de estos vehículos, además de beneficios para los propietarios, como respuesta ambiental al problema de las emisiones del transporte.
Impacto de la ley y nuevos impulsos
Rojas señaló que la ley ha sido “pionera” a nivel continental y ha servido de ejemplo para otros países latinoamericanos. Explicó que las ventas comenzaron a crecer desde 2018 gracias a la ley, y a partir de 2023, con la llegada de más marcas y modelos, se ha experimentado un nuevo impulso debido a la competencia y precios más bajos.
“Hoy un vehículo eléctrico es igual de accesible que uno de combustión e incluso más barato a la hora de la compra, y haciendo los números de años posteriores, se le suman más ahorros”, declaró Rojas. Destacó que cada vez más empresas renuevan su flotilla de carga por la tecnología eléctrica por responsabilidad ambiental y rentabilidad.
Transporte público también se electrifica
El transporte público también se ha sumado a este cambio. Por ejemplo, la empresa que opera la ruta urbana entre San José y La Uruca tiene previsto que para 2026 toda su flotilla de 35 autobuses sea eléctrica.
Desafío en infraestructura de carga
Uno de los grandes retos es la infraestructura de cargadores públicos, cuya instalación no ha sido tan rápida como el crecimiento de los autos eléctricos. Actualmente hay 57 estaciones de carga rápida en las carreteras, instaladas por empresas distribuidoras de electricidad. Existe una iniciativa de ley para permitir que empresas privadas también instalen cargadores.
Además, hay una red de unos 400 cargadores de menor capacidad en centros comerciales, bancos, instituciones y otros comercios, a lo que se suman los cargadores que los propietarios pueden instalar en sus casas.
