Procuraduría sanciona a exgerente de hospital en Atlántico por embargo irregular contra EPS
La Procuraduría General de la Nación ha impuesto una sanción de suspensión por 12 meses a la exgerente del Hospital Local de Ponedera, ubicado en el departamento del Atlántico, por su responsabilidad en la orden de un embargo irregular contra una Entidad Promotora de Salud (EPS). Esta decisión disciplinaria surge tras una investigación que evidenció graves irregularidades en el manejo administrativo y financiero de la institución de salud, con repercusiones directas en la prestación de servicios médicos a la comunidad.
Detalles del caso y las irregularidades cometidas
Según los hallazgos de la Procuraduría, la exgerente, cuyo nombre no ha sido divulgado oficialmente, autorizó y ejecutó un embargo sobre los recursos de una EPS sin contar con el sustento legal adecuado. Este acto, calificado como abusivo y arbitrario, no solo violó los procedimientos establecidos en la normativa de salud colombiana, sino que también generó un perjuicio significativo en la operación del hospital y en la atención a los pacientes. Las autoridades destacaron que tales acciones comprometen la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, especialmente en un sector crítico como el de la salud.
La investigación reveló que el embargo irregular tuvo como consecuencia la interrupción temporal de algunos servicios de salud, afectando a poblaciones vulnerables que dependen del Hospital de Ponedera para su atención médica. La Procuraduría enfatizó que este tipo de conductas por parte de funcionarios públicos no solo erosionan la confianza ciudadana, sino que también pueden derivar en crisis sanitarias locales si no son corregidas a tiempo.
Implicaciones y medidas correctivas adoptadas
La sanción de suspensión por 12 meses busca no solo castigar a la responsable, sino también servir como una advertencia disuasoria para otros funcionarios en cargos similares. La Procuraduría ha ordenado la implementación de medidas correctivas en el Hospital de Ponedera, incluyendo:
- Revisión exhaustiva de todos los procesos administrativos y financieros.
- Capacitación obligatoria para el personal directivo en normativas de salud y ética pública.
- Fortalecimiento de los controles internos para prevenir futuras irregularidades.
Además, se ha iniciado un proceso de seguimiento para garantizar que el hospital retome sus operaciones con normalidad y que los servicios de salud no se vean más afectados. Las autoridades regionales han expresado su compromiso de trabajar en conjunto con la Procuraduría para restaurar la confianza en la institución y asegurar una gestión transparente.
Este caso se enmarca en los esfuerzos continuos de la Procuraduría por combatir la corrupción y el abuso de poder en el sector salud, un tema de gran relevancia en Colombia donde la eficiencia de los hospitales públicos es crucial para el bienestar de millones de ciudadanos. La suspensión de la exgerente subraya la importancia de la rendición de cuentas y la aplicación estricta de la ley en la administración pública.
